La grabación de una reunión mantenida por un abogado en su despacho profesional constituye una vulneración gravísima de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. No hablamos solo de una intromisión ilegítima, sino de un ataque directo al núcleo del derecho de defensa, sin el cual ninguna democracia puede sostenerse.
¿Estamos dispuestos a normalizar que se espíe a quienes ejercen la defensa técnica de los ciudadanos? ¿El siguiente paso será imputar a los abogados penalistas por los delitos atribuidos a sus clientes? ¿Hemos cruzado ya la línea de no retorno donde todo vale?
La degradación institucional y el desprestigio de nuestras garantías procesales han alcanzado niveles alarmantes. Lo más preocupante no es solo la comisión de estas prácticas, sino la indiferencia con la que se reciben. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
El problema radica, en parte, en el tratamiento sesgado e ideologizado de estos hechos. En lugar de abordarlos con rigor jurídico y desde la defensa de principios comunes, se interpretan en clave partidista, bajo el prisma del enfrentamiento político, del “y tú más”, erosionando los cimientos del sistema.
Actuar así nos convierte en un país sin garantías, donde los derechos fundamentales se ven cada vez más debilitados. Este es, sin duda, un síntoma inequívoco de tiempos peligrosos.
Igualmente preocupante es que se naturalicen hechos como que el Fiscal General del Estado filtre correos electrónicos o que se grabe —presuntamente sin autorización judicial— una reunión entre abogado y cliente.
¿QUIÉN REALIZÓ LA GRABACIÓN?
¿Quién realizó la grabación? ¿Bajo qué cobertura legal? ¿Existía autorización judicial? ¿O fue uno de los asistentes?
La falta de transparencia y la ausencia de explicaciones institucionales alimentan una desconfianza cada vez más justificada.
El sistema jurídico español está gravemente comprometido. Funciona de manera intermitente, según intereses o coyunturas. Los operadores jurídicos —jueces, fiscales, abogados— somos conscientes de ello.
Y, sin embargo, cuesta encontrar voluntades decididas a reformar o denunciar estas prácticas. ¿Por qué? Porque el desorden beneficia, casi siempre, a quienes ostentan el poder.
No es la primera vez. Las llamadas “cloacas del Estado” ya dejaron una huella vergonzosa durante el mandato de Mariano Rajoy.
Recordemos los casos de Villarejo, Martín Blas o Luis Pineda, quien pasó casi cuatro años en prisión preventiva antes de ser declarado inocente. O el de Sandro Rosell. Todo esto ha ocurrido. Apestando a corrupción institucional.
Y, sin embargo, seguimos sin actuar.
Lo más alarmante es el silencio. El silencio de la abogacía institucional, de los colegios profesionales, de los juristas con responsabilidad pública. ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestra respuesta corporativa?
No se trata de analizar el contenido de una reunión concreta, como la de la señora Leire Díez, por más que esta ofrezca aspectos que huelen fatal, y que cada una responda por sus actos. Se trata de denunciar una vulneración que afecta a toda la profesión, a su dignidad y a su función en el sistema judicial.
Grabar en un despacho de abogados sin garantías es atentar contra el corazón mismo del derecho de defensa. Que esta práctica pase desapercibida o se justifique según conveniencias políticas revela hasta qué punto hemos normalizado lo inaceptable.
Hoy ha sido Jacobo Teijelo. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Si la abogacía no defiende sus propios límites, nadie lo hará por ella.
Mi respaldo y solidaridad a los compañeros que están sufriendo esta situación. El ataque a nuestra profesión es, en realidad, un ataque al sistema de garantías de todos los ciudadanos. Ojalá se esclarezca todo.
Porque, como bien decía Abraham Lincoln: Se puede engañar a muchos durante mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo.
