La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado este martes por unanimidad un acuerdo donde se suma a la «extendida inquietud» por la reforma anunciada por el Ejecutivo sobre la reforma del acceso a la carrera judicial, defendiendo el actual modelo al considerar que «garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional».
El Supremo se ha referido, en concreto, al «progresivo avance» en la aplicación de la Ley de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supondrá la implantación de los tribunales de instancia, entre otras cosas, y a «la iniciativa legislativa dirigida a modificar en profundidad aspectos principales de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
El alto tribunal ha indicado que no solo «han originado un intenso debate sobre cuestiones de indudable importancia», sino que «a la vez han puesto de manifiesto la ausencia de atención sobre otros extremos» sobre los que su Sala de Gobierno «ha reclamado, reiteradamente, la necesidad de una solución».
En concreto, ha expresado su preocupación por «la propuesta de nueva ordenación del acceso a la carrera judicial», refiriéndose específicamente a «la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes».
«No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado, pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término», ha dicho.
En este sentido, ha ratificado las palabras de la presidenta del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el acto de entrega de despachos a la última promoción de nuevos jueces para reivindicar que «el vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional».
Así, la Sala de Gobierno ha afirmado que «el acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo».
«Y, siendo necesario adecuar la planta judicial a la media europea, de la que estamos lejos, la imprescindible creación sostenida de plazas para lograrlo no puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas por medio de procedimientos coherentes con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución. Esto es, que se resuelvan únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia», ha sostenido.
El TS lamenta no ser escuchado «desde hace años»
Además, ha recriminado que el TS «sigue esperando desde hace años la regulación de su Gabinete Técnico y la mejora retributiva de sus letrados; la corrección de la insuficiente valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en él destinados; así como actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias que padece, desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico».
«Estas cuestiones, numerosas veces señaladas, vuelven a ignorarse en este contexto de innovación en el que la única previsión es la creación de un servicio común de tramitación, a atender, precisamente, con puestos de trabajo peor retribuidos que los de juzgados, audiencias y tribunales superiores de justicia que mantienen las Comunidades Autónomas», ha lamentado.
La Sala de Gobierno del Supremo, presidida por la propia Perelló y de la que también forman parte los cinco presidentes de Sala del TS y otros cinco magistrados elegidos por el propio tribunal, ha acordado dirigir este acuerdo al CGPJ para que se lo traslade al Gobierno y a las Cortes Generales.
