En una ceremonia solemne y cargada de significado institucional, Su Majestad el Rey Felipe VI ha hecho entrega del XV Premio Gumersindo de Azcárate a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló Doménech, en representación del conjunto del Poder Judicial.
La distinción, concedida por el Colegio de Registradores de España y su Decanato Autonómico en Madrid, reconoce la labor de uno de los tres pilares fundamentales del Estado consagrados en la Constitución Española: el Judicial.
Con este premio, el jurado ha querido subrayar —por unanimidad— la centralidad de la función jurisdiccional en el engranaje democrático. El título VI de nuestra Carta Magna no deja lugar a dudas: es al Poder Judicial a quien se le encomienda, con exclusividad, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Una misión que, en tiempos de incertidumbre o tensión institucional, se convierte en la piedra angular sobre la que descansa el equilibrio del sistema.
Durante su intervención, el Rey Felipe VI ha hecho una reflexión de calado: “Reconocer al Poder Judicial es reconocer y celebrar estas casi cinco décadas de historia democrática”.
Y lo ha hecho enlazando la actuación de jueces y magistrados con el principio esencial de toda democracia avanzada: la igualdad ante la ley. En palabras del Monarca, la labor silenciosa pero firme del Poder Judicial ha sido clave para garantizar derechos y libertades, consolidar el progreso económico y fortalecer la convivencia.
UNA EXIGENCIA MORAL
La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha agradecido emocionada el reconocimiento, que ha extendido a los más de 5500 jueces y magistrados que ejercen la jurisdicción en España “bajo el imperio de la ley”.
Ha recordado que este galardón es, además de un homenaje, una exigencia moral para estar a la altura de lo que la sociedad demanda: una Justicia independiente, imparcial y responsable.
“Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está plenamente garantizada son verdaderos Estados de Derecho”, ha señalado, en una clara alusión al valor de la independencia judicial y a la necesidad de blindarla frente a injerencias.
El acto también ha servido para rendir homenaje a la propia Institución Registral, a la que el Rey ha descrito como “más joven que nunca” pese a sus 164 años de historia. Una vitalidad —ha dicho— que se traduce en modernidad, eficacia y un compromiso renovado con la seguridad jurídica.
Con sentido del humor institucional, Don Felipe ha apuntado que no quería “quitar el trabajo al jurado”, pero no ha dudado en destacar la justicia de que también los registradores sean merecedores del galardón que entregan.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha subrayado el compromiso del Gobierno con una Justicia adaptada al siglo XXI, con reformas que —según ha dicho— “cambian estructuras para conservar lo esencial”: independencia, excelencia y prestigio.
Por su parte, María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, ha agradecido al Rey sus diez años de reinado “magistralmente desempeñados”, y ha hecho un reconocimiento expreso al trabajo constante y silencioso de jueces y magistrados. “A todos ellos va dirigido este premio”, ha subrayado.
El Premio Gumersindo de Azcárate nació para distinguir a quienes promueven el Estado social y democrático de derecho, el desarrollo institucional y los valores que permiten la paz y el progreso social.
En ediciones anteriores ha distinguido al Consejo de Estado, a los padres de la Constitución, a las Cortes Generales, a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, a la Prensa, al Ministerio de Justicia, a Mario Vargas Llosa y a Fernando Henrique Cardoso, entre otros.
Hoy, el galardón mira al corazón mismo del sistema democrático: el Poder Judicial. Y lo hace en un momento en el que recordar la vigencia de la división de poderes es más pertinente que nunca.
