El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, alertó este jueves sobre la necesidad de reforzar la protección penal de la propiedad privada frente al fenómeno creciente de las okupaciones ilegales.
Lo hizo en el marco de la primera tertulia jurídica organizada por la Asociación de Letradas y Letrados del Tribunal Supremo (ALTS), celebrada en el Ateneo de Madrid bajo el título «El reto de la vivienda en España: diagnóstico y soluciones».
En su intervención, Sánchez Melgar insistió en que los delitos de usurpación y allanamiento de morada deben ser abordados con mayor contundencia desde el Derecho penal.
Reclamó una respuesta clara, eficaz y proporcionada que permita a las víctimas recuperar con rapidez la posesión de sus viviendas y envíe un mensaje disuasorio frente a este tipo de conductas.
“El ataque a la propiedad privada no puede quedar sin una reacción adecuada por parte del ordenamiento jurídico”, señaló, al tiempo que defendió el papel del Derecho penal como instrumento necesario cuando otros mecanismos resultan insuficientes o ineficaces.
La jornada contó también con las intervenciones de Celia Martínez Escribano, catedrática de Derecho Civil y letrada del Tribunal Constitucional, quien reflexionó sobre el equilibrio entre la tutela de la propiedad y la protección de las personas vulnerables, y de José Luis Moreno López, letrado del Gabinete Técnico del Supremo, que analizó las debilidades estructurales de las políticas públicas de vivienda en España.
El acto, celebrado en el Salón Ciudad de Úbeda, congregó a numerosas personalidades del ámbito jurídico, entre ellas el expresidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y el director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Alfonso Rincón González-Alegre.
