El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de reposición presentado por Airbnb y ratifica la obligación de retirar 5.800 anuncios de viviendas turísticas que incumplen con la ley por carecer de licencia, usar datos falsos o no identificar al arrendador.
Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tras la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales celebrado en el Imserso.
Esta decisión judicial confirma el auto anterior en el que el TSJM avaló las actuaciones del Ministerio de Consumo. “Airbnb volvió a recurrir y han vuelto a perder”, resumió Bustinduy.
Anuncios bajo la lupa: seis comunidades autónomas afectadas
Los anuncios afectados corresponden a inmuebles ubicados en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. El Ministerio de Consumo señala tres irregularidades principales.
Por una parte, falta de número de registro turístico: Muchos anuncios no incluyen la licencia obligatoria para operar. Por otra, uso fraudulento de licencias: Algunos muestran números de registro inexistentes o falsos. Y tercera, opacidad en la identidad del arrendador: No se especifica la naturaleza jurídica del anunciante, lo que impide identificar si se trata de un particular o una empresa.
Estas prácticas infringen la normativa autonómica y estatal que regula la actividad de los alojamientos turísticos, en particular la obligación de información veraz y transparente prevista en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007).
“Nadie por encima de la ley”
El ministro calificó el auto como un paso importante en la defensa del derecho a la vivienda y contra la mercantilización descontrolada del parque residencial: “Ninguna empresa puede situarse por encima de la ley”, ha subrayado.
Bustinduy insistió en que algunas plataformas digitales, junto a fondos de inversión, están contribuyendo a una presión insostenible sobre el mercado de la vivienda: “Se lucran a costa de cercenar un derecho constitucional”.
66.000 anuncios ilegales bajo revisión
La retirada de estos 5.800 anuncios forma parte del primero de tres requerimientos formulados por el Ministerio en mayo, que afectan en total a cerca de 66.000 anuncios.
Según Bustinduy, es previsible que Airbnb haya recurrido también las otras órdenes, aunque el Gobierno espera que los tribunales mantengan el mismo criterio, dado que “los argumentos legales son los mismos”.
Desde Consumo, se ha reiterado la voluntad de reforzar la cooperación con las comunidades autónomas para frenar la proliferación de alojamientos ilegales y garantizar un acceso justo a la vivienda.
