El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha conseguido que la plataforma Airbnb retire de su sitio web aproximadamente 65.000 anuncios de alojamientos turísticos que operaban sin la licencia preceptiva, tras una batalla legal que se ha saldado con el respaldo de la Justicia a las actuaciones del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
Antecedentes y proceso judicial
La retirada de estos anuncios ilegales se ha materializado después de que la multinacional estadounidense recurriera en múltiples ocasiones la decisión administrativa ante los tribunales.
Sin embargo, la Justicia ha avalado sistemáticamente las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Consumo, confirmando la legalidad de las medidas adoptadas.
Nueva identificación de irregularidades
Paralelamente a esta actuación, la Unidad de Análisis de Consumo ha completado una nueva investigación que ha permitido identificar otros 54.728 anuncios que carecen del número de registro oficial.
Esta documentación es obligatoria según la legislación vigente desde el 1 de julio de 2025.
El Ministerio procederá ahora a trasladar toda la información recopilada conforme al marco legal establecido, con el objetivo de que la plataforma proceda a eliminar o subsanar estos anuncios irregulares.
Información técnica del análisis
El archivo digital elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo contiene datos detallados de interés público, incluyendo tipología de alojamiento, con clasificación entre habitaciones individuales y alojamientos completos; información geográfica, con datos de localidad, provincia y comunidad autónoma; y datos de anfitriones, incluyendo nformación disponible sobre los propietarios de los anuncios
El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado en diversas intervenciones públicas el compromiso del Ministerio con hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda «por encima de los beneficios de las grandes multinacionales».
Actuaciones futuras
La Unidad de Análisis de Consumo mantendrá su actividad de supervisión para identificar y denunciar potenciales anuncios ilegales en las diferentes plataformas digitales especializadas en el alquiler de alojamientos turísticos.
Esta medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para regular el mercado del alquiler vacacional y proteger el acceso a la vivienda, estableciendo un precedente significativo en la supervisión de plataformas digitales de alojamiento turístico en territorio nacional.
