El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al Tribunal Supremo que abra juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea condenado a cuatro años de cárcel e inhabilitado por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Lo ha hecho a través de un escrito de acusación, en el que solicita a la vez que se suspenda como fiscal a García Ortiz durante tres años, la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y 81.000 euros de multa.
Respecto a la otra procesada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el ICAM considera que es «cooperadora necesaria» de la presunta revelación de secretos, por lo que pide para ella tres años de prisión, suspensión de empleo por dos años y multa de 27.000 euros.
«Eran conscientes», asegura el ICAM
El ICAM sostiene que García Ortiz y Rodríguez, «amparándose como norma de cobertura el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes, y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo, eran conscientes que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable».
«Los acusados tenían deber de guardar secreto, no revelando información sensible –como es la atinente a hechos punibles y participación– de la que tenían conocimiento por razón de sus respectivos cargos, y que no deberían haber divulgado», advierten.
