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Opinión | La reforma judicial impulsada por el gobierno atenta directamente a los principios básicos que rigen a nuestros jueces y magistrados
Antonio Benítez Ostos, Socio - Director de Administrativando Abogados, valora la reforma judicial planteada por el Ejecutivo. Foto cedida
03/7/2025 05:35
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Actualizado: 03/7/2025 00:16
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La reciente respuesta de las asociaciones de jueces y fiscales, que han convocado tres días de huelga —1, 2 y 3 de julio— contra las reformas anunciadas por el Gobierno, pone de manifiesto la gravedad y trascendencia de los cambios proyectados en nuestro sistema judicial. Estas organizaciones, que representan la voz colectiva de la Carrera Judicial y Fiscal, consideran que las reformas suponen un ataque directo al Estado de Derecho y a los principios constitucionales que deben regir la función jurisdiccional.
Uno de los aspectos que más preocupan de lo proyectado, es la modificación de los procesos de selección y acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. La supresión del segundo examen oral, la introducción de dictámenes prácticos y la inversión de fases en el concurso-oposición, pueden suponer, en la práctica, un retroceso en el respeto a los principios de mérito y capacidad que deben presidir el acceso a la función pública.
Resulta difícil sostener que la excelencia pueda asegurarse si se prescinde de pruebas que acreditaban de manera rigurosa la capacitación técnica, como el segundo examen oral sobre Derecho Procesal.
La pretendida reforma rebaja la exigencia de acreditación de conocimientos jurídicos y abren la puerta a una mayor subjetividad y discrecionalidad en la evaluación de los candidatos. En mi opinión, es claro que, el acceso a la judicatura debe estar presidido por la excelencia, la objetividad y la transparencia, garantizando la igualdad de oportunidades y la selección de los mejores profesionales. Así, el sistema de oposición libre, complementado por un curso teórico y práctico en la Escuela Judicial, ha sido históricamente una garantía de calidad y de imparcialidad en la selección de jueces y magistrados.
La introducción de pruebas prácticas y la reducción de los exámenes orales pueden facilitar la agilidad del proceso, pero jamás deben hacerse a costa de la exigencia técnica ni de la objetividad.
Por otro lado, si bien es cierto que valoramos en Administrativando Abogados como positivo las becas SERÉ, como instrumento de igualdad de oportunidades y la selección de los mejores profesionales, es criticable la falta de concreción sobre la función del Centro de Estudios Jurídicos en la preparación de oposiciones.
La posible intervención del poder ejecutivo en la formación de los futuros jueces y fiscales plantea, como mínimo, dudas razonables sobre la separación de poderes y el riesgo de que se pueda influir en la selección de quienes, en el futuro, tendrán que controlar la legalidad de la actuación del propio Gobierno.
Otro aspecto crítico es el proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, presentado por el Gobierno como una respuesta a las exigencias europeas de reducción de la temporalidad, que, sin embargo, puede provocar una integración de sustitutos en la Carrera Judicial, sin las debidas garantías de igualdad, mérito y capacidad, lo que supone un agravio comparativo respecto a quienes acceden por el turno libre tras años de estudio y sacrificio.
La solución al abuso de la temporalidad no puede ser la vulneración de los principios constitucionales, sino la convocatoria de plazas suficientes y la mejora de las condiciones de trabajo en la judicatura. El acceso a la Carrera Judicial debe ser un proceso abierto, transparente y basado en la igualdad de oportunidades, no una vía de integración excepcional.
La grabación de exámenes orales puede ser un avance positivo en materia de transparencia, pero resultan insuficientes si no se extienden a todas las fases del proceso, incluidas las entrevistas del concurso-oposición.
Como reclaman las Asociaciones de Jueces, la transparencia y la objetividad deben ser la norma en todos los procedimientos de acceso y promoción, evitando cualquier margen de discrecionalidad o de influencia política.
Asimismo, la introducción de miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial, así como la persistencia de los nombramientos discrecionales en los altos cargos judiciales, refuerzan el riesgo de politización de la justicia. La experiencia demuestra que la intervención de los partidos políticos en la designación de órganos técnicos y consultivos suele traducirse en un reparto partidista y en la pérdida de legitimidad de las instituciones.
Respecto a la inclusión de la perspectiva de género y de la igualdad en los temarios y en la formación continua de la Carrera Judicial es un avance indiscutible, en línea con las exigencias legales y sociales actuales, de lo que no cabe duda.
Sin embargo, la mejora de la formación debe ir acompañada de una dotación suficiente de recursos, de una planificación rigurosa y de una evaluación objetiva de los resultados. La igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables deben ser una prioridad real, no un mero enunciado.
Pero no se trata solo, la huelga convocada, de manifestar sus legítimas reivindicaciones frente al Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, sino también, de expresar serias dudas en cuanto a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Por ejemplo, la creación de los nuevos Tribunales de Instancia, no va acompañada del aumento de jueces, para posibilitar su adecuado funcionamiento, y no agravar la sobrecarga de trabajo de los jueces y funcionarios, y el correspondiente retraso en la justicia para el ciudadano que litiga.
En definitiva, la reforma judicial impulsada por el Gobierno, lejos de fortalecer la independencia y la calidad de la justicia, amenaza con debilitarla.
La reforma de la justicia debe ser una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho, y la voz de la judicatura, a través de sus asociaciones profesionales, debe ser escuchada y respetada, como una oportunidad también, de recuperar la confianza de la ciudadanía en una maltrecha justicia.
Ésta necesita reformas profundas, pero las mismas deben servir para garantizar su independencia y excelencia, no para diluirlas.
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