La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han calificado de «maquillaje» el plan anticorrupción anunciado este miércoles por el Gobierno, indicando, en la misma línea que el Foro Judicial Independiente (FJI), que lo que realmente hace falta son «voluntad política» y más «medios». Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), aunque lo ven útil, también reclaman mayores recursos.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, considera que el plan «es maquillaje», explicando que lo que se necesita para luchar contra la corrupción son «medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los jueces y cumplimiento de penas».
«De poco sirve incrementar las penas del Código Penal (CP) si luego van a indultar o amnistiar a los condenados por delitos de malversación, como ha sucedido en el ‘procés'», asegura, recordando también que este Gobierno reformó la malversación «para beneficiar a los condenados y futuros autores».
Respecto a la responsabilidad de los partidos políticos, la presidenta de la asociación mayoritaria en la carrera judicial recalca que «ya está definida legalmente». «Quizá falta asumirla», remacha.
Con todo, insta a dotar de «medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para investigar, y al Poder Judicial, para juzgar; en vez de criticar y deslegitimar la actuación de los jueces que investigan los casos de corrupción política». «Respeto», exige.
Medidas anticorrupción sin presupuesto
Por su parte, el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, cree que el plan «incluye medidas loables sobre el papel pero presenta serias carencias de fondo», por lo que avisa de que «se corre el riesgo de que estemos ante medidas de maquillaje».
Oliva critica, en primer lugar, que las medidas anunciadas no están acompañadas de presupuesto», defendiendo que «sin dotación de medios materiales y personales», por ejemplo, «no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos, dado que las cargas de trabajo actuales apenas permiten salvar la preferencia ya otorgada a presos y menores».
A eso suma que muchas medidas «son redundantes o ya están vigentes», precisando que «la protección a los denunciantes ya está contemplada», «el decomiso de bienes ya es posible» y que «también existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la administración». «Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing», lanza.
«Lo que falta no es estructura, sino voluntad política»
Respecto a las novedades, señala que «la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública tampoco parece responder a una necesidad real» porque «ya contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las fuerzas de seguridad o el Tribunal de Cuentas», aclarando que «lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía».
A todo ello añade que, «para combatir realmente la corrupción, no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas, si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal». «Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo –especialmente en casos que pueden afectarle directamente–, medidas como otorgarle la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes», sostiene.
«En el lado positivo», valora que «se abre una puerta interesante a que la ciudadanía pueda auditar las decisiones automatizadas en la contratación pública» pero afea igualmente que «no se menciona el acceso al código fuente de esas herramientas de inteligencia artificial», ya que –en su opinión– «sin transparencia tecnológica esa participación puede quedarse en lo superficial».
En cualquier caso, subraya que «hay que permanecer atentos a la plasmación práctica de una mera declaración de intenciones que, si no va dotada con sustento presupuestario, pude quedar en mero papel mojado».
El plan de Pedro Sánchez, «poco creíble»
Por otro lado, Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente (FJI), cuestiona que la iniciativa venga de «un Gobierno que lleva ya siete años de ejercicio y que se encuentra, precisamente, acosado por causas de corrupción», recordando también que «rebajó las penas del delito de malversación». «En fin, es poco creíble», dice.
Reprocha que se creen «más organismos públicos sin competencias concretas» y que se destaque que las investigaciones penales pasen de jueces a fiscales cuando «todos sabemos que una instrucción dirigida por una Fiscalía dependiente jerárquicamente del fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno va a hacer su trabajo en el 98% de los casos muy bien, pero va a arrojar sospechas de eficacia cuando se trate de casos de corrupción que afecten precisamente a ese Gobierno».
Portillo afirma que «la única verdadera medida que se puede entender de lucha contra la corrupción es efectivamente refortalecer, lo cual significa aumentar los medios de una verdadera justicia independiente del Poder Ejecutivo, reforzar la imparcialidad y autonomía del Ministerio Fiscal y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en especial a los que investigan los delitos de corrupción, de los medios necesarios».
«Simple y llanamente, las herramientas ya las tenemos para luchar contra la corrupción», porque «ya tenemos leyes, ya tenemos jueces, ya tenemos fiscales, ya tenemos policías», asevera, reiterando que «lo que falta es que se pongan los medios necesarios para que esas herramientas sean eficaces».
JJpD lo ve útil, pero con necesidad de más medios
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, estima que «las medidas propuestas hoy por el presidente del Gobierno pueden ser útiles para la lucha contra la corrupción», pero que «precisarán desarrollo, concreción, un amplio debate público y dotación de medios para que la administración de justicia pueda responder con mayor eficacia que en la actualidad».
Así, considera «interesante» que se amplíe el plazo de prescripción para perseguir los delitos de corrupción, si bien subraya que «lo esencial es que, por un lado, se aumenten los plazos máximos de instrucción» y, por otro, «que se fomente una investigación ágil, con equipos multidisciplinares compuestos por fiscales, inspectores de hacienda, expertos y policías, más que especializar los órganos judiciales de enjuiciamiento, que hasta la fecha realizan una labor razonable».
Rodríguez también ve «adecuado» poner el acento en «las empresas corruptoras», aunque advierte de que «la solución no es incrementar las penas, que ya son bastante elevadas», sino adoptar otras «medidas disuasorias», «además de las sugeridas».
En este sentido, ha propuesto que «no sólo se reintegrara el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionara con la pérdida de todo beneficio, así como disponer penas accesorias de prohibición de contratación de obra pública o de obtener subvenciones».
Igualmente, califica de «acertado» que se eleve «la exigencia en las adjudicaciones», «tomando como referencia el modo en que las hace la UE»; que sea la Fiscalía quien compruebe la «verosimilitud» de las acusaciones realizadas por los denunciantes para «evitar que puedan prosperar denuncias falsas»; y que se introduzcan «controles mediante Inteligencia Artificial, como ya hace la inspección de Hacienda».
No obstante, el portavoz de JJpD «echa de menos abordar la cuestión del nombramiento de asesores, que debería regularse con mayor rigor que en la actualidad, pues en los tribunales ya se han detectado casos de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido».
