El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de 15 medidas anticorrupción, entre las cuales están el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas negras de empresas condenadas para que no puedan contratar con la administración pública.
En su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones después de la entrada en prisión preventiva de su ‘exnúmero tres’ en el PSOE, Santos Cerdán por un presunto caso de cobro de mordidas, Sánchez ha adelantado que pretende crear una agencia anticorrupción independiente y también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para proteger aún más a los informantes que denuncien delitos de corrupción.
El núcleo del plan se articula en torno a tres ejes: prevención, control y sanción. El primero de ellos se basa en la detección temprana de irregularidades mediante tecnología avanzada.
En concreto, ha dicho, se aplicará inteligencia artificial para identificar patrones de fraude. También se intensificarán los controles aleatorios sobre altos cargos y se reforzará la fiscalización de los contratos públicos.
Uno de los anuncios más llamativos ha sido la incorporación de controles directos a los partidos políticos. A partir de ahora, aquellos que reciban más de 50.000 euros de financiación pública —incluidas sus fundaciones— estarán obligados a realizar auditorías externas, a limitar las donaciones a 2.500 euros por persona y a entregar en un plazo máximo de un mes el listado completo de donantes. En palabras del presidente: “Controles a los partidos políticos”.
El presidente también ha anunciado que se retirará cualquier subvención pública a los partidos que mantengan en sus listas o en sus estructuras a personas condenadas por delitos de corrupción.
Una medida que, según cálculos políticos, podría incomodar a formaciones como Junts. En cambio, Bildu podría respaldarla sin que le afecte: sus condenados lo fueron por delitos de sangre, financiados por la extorsión y no por comisiones ilegales.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que este paquete de medidas se ha elaborado en el último mes, con la ayuda del socio de coalición Sumar, y de los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En la misma línea, ha anunciado la creación de nuevas secciones de delitos contra la administración pública con «jueces especializados» y además creará procedimientos sumarios para causas que involucren a cargos públicos para evitar dilaciones que «merman la confianza» de los ciudadanos.
Durante su intervención ha afirmado que está decepcionado consigo mismo por haber confiado en sus dos exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, pero asegurado que es «un político limpio».
«Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad señorías de ser un político limpio», ha indicado Sánchez al inicio de su intervención.
