La Comisión Europea, que preside la alemana Ursula Von der Leyen, ha lanzado una seria advertencia al Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, por incumplir su obligación legal de aprobar una estrategia nacional contra la corrupción.
En su Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, hecho público hoy, el Ejecutivo comunitario reprocha al Gobierno español que “aún no se ha empezado a elaborar la estrategia nacional contra la corrupción que la Ley exige que se apruebe para septiembre de 2024”, refiriéndose a lo dispuesto en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
La falta de una hoja de ruta clara, advierte Bruselas, podría derivar en “fragmentación y una supervisión insuficiente de las medidas de lucha contra la corrupción”.
La Comisión Europea recuerda que el el número de procesos incoados por corrupción ascendió a 22 en 2024 (32 en 2023). De todos los juicios por delitos de corrupción sustanciados en 2024, 26 acabaron en condena o condena parcial y 12 en absolución.
Y que en octubre de 2024, «un antiguo ministro y diputado –en referencia clara a José Luis Ábalos– fue procesado como persona de interés por posible corrupción relacionada con la pandemia de COVID».
La cascada de acontecimientos posteriores, en especial el ingreso en prisión provisional del exsecretario de organización del PSOE y exdiputado, Santos Cerdán, no ha podido encontrar acomodo en este informe por ser muy recientes.
La crítica más contundente no es nueva, pero sí más grave: la corrupción en España no es residual ni marginal, sino estructural. Bruselas denuncia un “alto riesgo” en áreas clave como la contratación pública, la financiación de partidos y la gestión de grandes infraestructuras.
Que el 40 % de las empresas reconozcan haber sido excluidas de licitaciones por prácticas corruptas evidencia que el problema es de prácticas. También preocupa la falta de competencia en las licitaciones (33 % con una sola oferta) y las frecuentes denuncias por irregularidades en los contratos de servicios.
Aunque se han realizado esfuerzos de prevención, como talleres y acciones de buenas prácticas, persisten deficiencias legales, especialmente en la financiación de partidos y en el sector sanitario, donde los planes anticorrupción son aún vagos.
Aunque el Gobierno ha integrado algunas prioridades anticorrupción en distintos planes sectoriales, la Comisión considera que sin este enfoque nacional coordinado, el impacto de estas acciones será limitado.
La Autoridad Independiente de Protección del Informante —cuya creación también fue exigida por la ley— apenas ha empezado a funcionar y aún “va a elaborar un primer proyecto” de dicha estrategia, según recoge el informe.
LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTÁ MUY EXTENDIDA
El informe de la Comisión llega acompañado de datos preocupantes: el 89 % de los ciudadanos españoles cree que la corrupción está “extendida” y un 51 % considera que le afecta en su vida diaria, cifras muy por encima de la media europea (69 % y 30 %, respectivamente).
También el 87 % de las empresas comparten esta percepción, y más de la mitad afirma que supone un obstáculo para su actividad.
El documento también apunta que “el porcentaje de asuntos de cohecho internacional que acaba en sentencia condenatoria sigue siendo bajo”, con solo dos condenas desde 2016, lo que revela una alarmante ineficacia en el castigo de este tipo de delitos.
REFORMAS JUDICIALES
Las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno (como el cambio en el sistema de elección del CGPJ o el nuevo Estatuto del Fiscal) son presentadas como avances, pero Bruselas los matiza con recelo.
Aplaude la digitalización, sí, pero no la independencia. La elección del Fiscal General sigue vinculada al poder político, lo que perpetúa la percepción –y en algunos casos la realidad– de una fiscalía intervenida.
La Comisión también advierte de la lentitud del Tribunal Supremo y las dificultades para cerrar casos de corrupción de alto perfil. La imagen de un sistema judicial eficiente y autónomo sigue sin consolidarse.
La Comisión afirma que el Gobierno debe actuar “sin más dilación” para cumplir sus obligaciones legales y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones. De lo contrario, España corre el riesgo de seguir descendiendo en los índices de percepción de la corrupción, donde ya ocupa el puesto 16 de la UE y el 46 a nivel mundial, según Transparencia Internacional.
El Estado de derecho no se quiebra de un día para otro. Se desgasta, se vacía, se acostumbra a convivir con la excepción. El informe de 2025 no solo denuncia ese desgaste, sino que nos recuerda que la democracia no se defiende sola. Sin acción decidida, España puede pasar de ser una democracia imperfecta… a una democracia vulnerable.
