El Estado de Derecho debe defenderse de un virus antidemocrático representado por el aún Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Su continuidad supone una grave anomalía democrática y esa es la opinión de la mayoría de los ciudadanos, como así lo reflejan las encuestas, que ponen de manifiesto que debe dimitir por decencia democrática ya que no es posible que aquel que tiene que sentar el banquillo a los delincuentes se encuentre en ese trance por la acusación de perseguir a un ciudadano particular por motivos políticos.
No hay que olvidar que la acusación la ejerce el Colegio de Abogados de Madrid que no es precisamente una organización “ultraderechista” como quiere el Gobierno que creamos.
El mensaje que se lanza a los corruptos de este país es que si te protege el “poder” podrás tener privilegios, y tendrás a tu disposición la maquinaria del Estado en beneficio propio, como en el caso de Álvaro García que tiene la protección personal del Presidente Pedro Sánchez, de su propia Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Muchos pensamos que no debió aceptar su designación como Fiscal General del Estado, tras las múltiples sentencias del Tribunal Supremo que afirmaron que incurrió en desviación de poder en sus nombramientos y tras el informe del CGPJ que le declaró como no idóneo, por primera vez en la historia judicial.
De dichas sentencias e informe se deducía que no era la persona idónea para cumplir con las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado ya que, atendiendo a sus antecedentes, difícilmente podía promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, proteger los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, atendiendo a sus actos y nombramientos.
También se deducía de dichas sentencias e informe que no estaría en condiciones de velar por la independencia de los Tribunales procurando ante estos la satisfacción del interés social, como establece el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, como ha quedado acreditado en el auto del Tribunal Supremo que lo sienta en el banquillo del juicio oral.
INFORME DEMOLEDOR DEL CGPJ
El informe del CGPJ fue demoledor y debemos recordarlo porque está de plena actualidad tras la confirmación de su procesamiento, así pues el órgano de Gobierno de los Jueces, al cumplir el trámite legal sobre el nombramiento propuesto por el Gobierno de Sánchez al comienzo de la presente legislatura, basó su falta de idoneidad en razones de deficiente legalidad en la gestión administrativa de la fiscalía, razones de deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales y razones de deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la fiscalía y razones de falta de amparo de la carrera fiscal en garantía del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones.
Ya en el informe del CGPJ en su primera designación de fecha 21 de julio de 2022 contó con el voto en contra de 7 vocales que apreciaban riesgo en la falta de independencia en sus decisiones.
También hay recordar como la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Dolores Delgado, su antecesora y mentora, como Fiscal de Sala realizó el Gobierno en octubre de 2022 a propuesta de Álvaro García, describiendo dicho nombramiento como arbitrario y de claro nepotismo.
No podemos olvidar que la mayoría de los nombramientos que ha realizado han sido denunciados por el Consejo Fiscal por recaer en fiscales afines ideológicamente y ,según distintas sentencias del Tribunal Supremo, obviando principios de mérito y capacidad.
En su política de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez destaca, por su clara indecencia, el Decreto de Fiscalía de 21 de noviembre de 2022 para la interpretación de la llamada “ley del sí es sí” que fue un intento de blanquear los efectos perniciosos de la misma y que no se tuvo en cuenta el artículo 24 y 9 de la constitución y el artículo 2.2 del código penal.
Su posición fue rechazada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ir contra el principio constitucional de la tutela judicial efectiva y la retroactividad de las leyes penales que favorezcan a los reos, además dicha ley fue reformada por lo 4/2023, de 27 de abril y no precisamente en el sentido que se ordenaba en dicha circular.
ABOGADO DEFENSOR DE LA LEYES ARBITRARIAS DEL GOBIERNO
Su dimisión ya era un clamor antes de su imputación ante las sentencias reiteradas que hablan de desvío de poder, por su tibia en la defensa del Poder Judicial y por haberse convertido en el abogado defensor de las leyes arbitrarias del Gobierno, lo que supone el incumplimiento del mandato del artículo 1 del estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Pero evidentemente tras el auto del Tribunal Supremo conocido esta semana es una exigencia su dimisión para proteger el Estado de Derecho en España. En este auto se pone de manifiesto que hay indicios suficientes que ponen de manifiesto que “coordinó personalmente la filtración contra un particular”, solicitando “el correo filtrado dos horas antes de su publicación”, se destaca también que Álvaro García Ortiz borró sus correos y datos de sus dispositivos, lo cual es una señal de “posible ocultación de pruebas”, porque nadie borra lo que le favorece y acredita su inocencia.
Álvaro García se sentará en el banquillo porque 15 magistrados diferentes han avalado que existen indicios racionales de criminalidad. Solo la protección directa de Pedro Sánchez ha evitado que acuda al juicio como un ciudadano más y defendiéndose por sus propios medios sin utilizar los recursos públicos de la Abogacía del Estado que pagamos todos los españoles.
El Estado de Derecho debe de defenderse de estos virus antidemocráticos y la mejor defensa es que situaciones como esta no puedan volver a ocurrir, por lo que es necesaria una profunda regeneración democrática.
Álvaro García siempre ha tenido ansia en favorecer al Gobierno que le ha nombrado, y esa ansia le hacía y le hace olvidar que su función es la defensa del principio de legalidad y la protección del Estado de Derecho y no al Gobierno.
Pero estas figuras se caracterizan por nacer y desarrollarse en un caldo de cultivo apropiado y en este caso es el sanchismo, por eso esta anomalía democrática debe pasar a la historia lo antes posible.
