La Comisión Europea ha vuelto a recordar a España algo que aquí solemos olvidar: las pequeñas y medianas empresas existen, y merecen un trato regulatorio proporcionado.
No es la primera vez, ni será la última, que Bruselas tiene que marcar el paso a un Gobierno que, en su retórica, dice proteger a las pymes, pero que en la práctica las asfixia con normas diseñadas para multinacionales.
En esta ocasión, el toque de atención viene por no haber traspuesto en plazo la directiva europea que actualiza los umbrales que definen qué es una pyme.
La Comisión otorgó a los Estados hasta el 24 de diciembre de 2024 para hacerlo. España no llegó. Se aprobó un anteproyecto de ley en octubre de ese año, sí, pero la norma duerme el sueño de los justos.
Y mientras tanto, miles de pequeñas empresas se ven atrapadas en obligaciones pensadas para las grandes, simplemente porque los criterios siguen midiendo como hace una década, ignorando la inflación acumulada de más del 24% desde que la Comisión justificó la necesidad de adaptar los umbrales en 2013.
En lugar de aligerar la carga, se añade más peso. Mientras se anuncia con orgullo el fin del software de doble contabilidad —medida que compartimos—, nadie parece preguntarse cuántas pequeñas empresas están quedando atrapadas en un mar de requerimientos burocráticos, informes financieros o criterios de sostenibilidad que ni comprenden ni pueden costear.
CUESTIÓN DE JUSTICIA ECONÓMICA
No es sólo una cuestión técnica. Es una cuestión de justicia económica. Porque aplicar la misma regla a quien factura 30 millones que a quien factura 300.000 euros, no es igualdad: es indiferencia. Y la indiferencia normativa mata negocios. Desincentiva el crecimiento. Penaliza al pequeño mientras libera al grande.
Desde hace tiempo lo venimos diciendo: España necesita una estrategia regulatoria específica para pymes, que parta de un principio elemental: menos carga, más acompañamiento.
Y eso pasa por una ley de colaboración social administrativa que reconozca el papel de los profesionales —como los gestores administrativos— en la simplificación y cumplimiento de las normas, actuando como puente entre la empresa y la Administración.
Este nuevo ultimátum de Bruselas no debería verse como una amenaza, sino como una oportunidad: la de reconocer que el tejido empresarial español necesita oxígeno normativo. No más papeles, no más prórrogas, no más anuncios sin efecto. Las pymes no pueden seguir esperando.
«Hemos cambiado la ventanilla física por un laberinto digital. Y, aun así, cuando se propone un modelo de colaboración entre administración y profesionales —que ya funciona en el ámbito fiscal—, se retrasa, se ignora o se tacha de privilegio corporativo».
Las cifras no engañan: el 99,8 % del tejido empresarial español son pequeñas y medianas empresas, y más del 94 % son microempresas con menos de 10 trabajadores.
Estas empresas no tienen departamentos jurídicos ni fiscales; tienen gestores. A menudo es el gestor administrativo quien traduce el BOE al lenguaje de la realidad, quien evita sanciones, quien permite que el autónomo trabaje mientras alguien le ayuda a cumplir.
PEDIMOS PROPORCIONALIDAD
Lo que pedimos no es privilegio, es proporcionalidad. La misma que se aplica en fiscalidad progresiva debería aplicarse en las exigencias administrativas. Si la norma impone las mismas obligaciones a una pyme que a una multinacional, ¿quién va a poder cumplir?
¿Quién va a crecer sin miedo? Esta forma de legislar ha convertido el cumplimiento en un lujo para quien puede pagar asesores, consultoras y gabinetes técnicos.
No obstante, seguimos sin una política estatal de simplificación normativa ni una ventanilla única real. La digitalización ha traído consigo más formularios, más claves, más portales, más fricciones.
Hemos cambiado la ventanilla física por un laberinto digital. Y, aun así, cuando se propone un modelo de colaboración entre administración y profesionales —que ya funciona en el ámbito fiscal—, se retrasa, se ignora o se tacha de privilegio corporativo.
Frente a eso, lo que proponemos desde los gestores administrativos es lo contrario al privilegio: una alianza con el interés general.
Queremos que se regule la colaboración social para garantizar igualdad de acceso a la Administración, eficacia en los trámites y transparencia. Lo que proponemos no es menos Estado, sino un Estado que funcione mejor, que no se colapse, que sepa delegar sin perder el control.
Bruselas ha hecho su parte. Ha marcado los criterios, ha recordado los plazos y ha advertido de las consecuencias. Ahora le toca al Gobierno mover ficha. Porque proteger a las pymes no es subirlas a una foto: es legislar para que puedan respirar.
