Tres asociaciones de jueces han saltado como resortes contra Pedro Sánchez. La razón: sus palabras en TVE sobre que «hay jueces haciendo política». Una afirmación que ha caído como una bomba en los despachos judiciales.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han salido al paso con dureza inusitada. Hablan de «gravedad», de «falta de respeto» y de «desconocimiento del Estado de Derecho».
La chispa que encendió la mecha
Todo comenzó con la entrevista televisiva que le hizo ayer la nueva presentador de la Segunda Edición del Telediario de La Primera, Pepa Bueno –hasta hace poco directora del diario El País–.
Cuando la periodista preguntó al presidente del Gobierno sobre las investigaciones que cercan a su familia, lanzó su dardo: «Hay jueces haciendo política, afortunadamente la minoría, y políticos que tratan de hacer justicia».
Un diagnóstico que, según él, causa «daño terrible» al Poder Judicial.
No se quedó ahí. Apeló al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que reflexione sobre «cómo defenderse ante procesos claramente defectuosos tanto en el fondo como en la forma».
La respuesta judicial no se ha hecho esperar
María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria APM, ha sido la primera en contraatacar: «Posiblemente exprese así su desesperación porque su círculo más cercano está asediado presuntamente por la corrupción».
Una lista que enumera sin piedad: «Su hermano, su esposa, su mano derecha en el partido, su otra mano derecha…».
Su mensaje es cristalino: «Le cuesta entender que los jueces aplicamos la ley también cuando el presunto delincuente es de la familia del presidente del Gobierno. Es lo normal en una democracia».
Estrategia de deslegitimación
Sergio Oliva, portavoz de AJFV, va más allá. Ve en las palabras del presidente algo más que un desahogo: una «estrategia política de deslegitimación del Poder Judicial».
Su argumento es sólido: «Si alguien cree que un juez actúa mal, hay cauces legales».
Las críticas genéricas, advierte, «generan desconfianza social y dañan nuestra democracia». Y cuando vienen del inquilino de La Moncloa, el daño se multiplica.
Fernando Portillo, de FJI, eleva el tono: «Muy graves y populistas», califica las declaraciones. No es casualidad que se dijera «en la televisión pública», remarca. Un «salto cualitativo» respecto a manifestaciones similares de ministros.
JJpD, la excepción en el coro de críticas
Solo Edmundo Rodríguez, de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), matiza el reproche. Aunque considera que «quizá no le corresponda al presidente hacer estas manifestaciones», ve «indudable la instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas».
Una grieta en el muro de críticas que evidencia las divisiones internas de la judicatura.
Pero también la intensidad del enfrentamiento entre el Gobierno y los tribunales, con Sánchez en el centro de la tormenta y las togas dispuestas a plantar cara.
