La asociación mayoritaria de fiscales, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han pedido públicamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda mañana a la apertura del año judicial que presidirá el Jefe del Estado, Felipe VI.
La petición no admite medias tintas. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones —que representan a la mayoría de la carrera fiscal— han solicitado a García Ortiz para que «se abstenga de asistir al acto solemne» por «respeto a Su Majestad el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal».
El motivo es su condición de procesado en el Tribunal Supremo, como supuesto autor de un delito de revelación de secretos, por la presunta filtración de datos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Para las dos asociaciones, la presencia de García Ortiz en el acto institucional más importante del año judicial constituye una línea roja.
«Un hecho insólito»
Los argumentos de los fiscales son demoledores. Consideran que sentar junto al Rey a una persona procesada, contra la que «con toda probabilidad» se abrirá juicio oral, es «un hecho insólito» en la historia de la justicia española.
Más grave aún: califican esta situación como «un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado». Su diagnóstico es que esta presencia mina «la credibilidad de la Justicia» y afecta directamente «a todos los jueces, magistrados y fiscales».
Las asociaciones fiscales manejan un equilibrio delicado. Reconocen expresamente que respetan «la presunción de inocencia» de García Ortiz, que «será debidamente amparado ante los tribunales».
No cuestionan sus derechos procesales.
Pero establecen una jerarquía de valores clara: «el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos».
Para los fiscales, García Ortiz debe anteponer el prestigio institucional a su derecho legal a presidir el acto.
La rebelión silenciosa
Esta petición pública representa un hecho excepcional en la tradición corporativa de la Fiscalía. Que las propias asociaciones profesionales pidan a su máximo responsable que no cumpla con una de sus funciones más visibles evidencia la profundidad de la crisis institucional.
El mensaje es claro: la legitimidad legal no basta cuando está en juego la percepción pública de la justicia.
Los fiscales han decidido que, en este caso, la imagen institucional pesa más que el cumplimiento estricto del protocolo.
