El magistrado instructor en el Tribunal Supremo Leopoldo Puente Segura ha decidido seguir el rastro del dinero. En un auto fechado el 4 de septiembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado ampliar la investigación económica en la causa especial 20775/2020, que tiene en el punto de mira a José Luis Ábalos y su círculo más cercano.
La resolución judicial no se anda con rodeos. El instructor ha ordenado al PSOE, al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro que remitan «información detallada» sobre pagos, retribuciones, donaciones y operaciones financieras vinculadas a los investigados.
El objetivo es claro: esclarecer posibles irregularidades en la gestión de fondos y completar los informes económico-financieros ya en marcha. Una operación de transparencia forzosa que pone bajo la lupa institucional el manejo del dinero en las altas esferas políticas.
Los cuatro nombres sobre la mesa
La investigación se centra en un cuarteto de protagonistas con roles diferentes pero conexiones evidentes: José Luis Ábalos Meco, el exministro señalado por haber recibido pagos de gastos personales a través de su asesor de confianza; Koldo García Izaguirre, ese mismo asesor, investigado por ingresos sospechosos procedentes del PSOE y presuntas transferencias a familiares; Patricia Uriz Uriarte y Joseba García Izaguirre, esposa y hermano de Koldo, cuya participación en operaciones económicas también se examina bajo la lupa judicial; y Santos Cerdán León, dirigente socialista cuyas cuentas presentan un problema aritmético: discrepancias entre los ingresos que constan en la Agencia Tributaria y las cantidades que aparecen en sus movimientos bancarios.
El caso de Cerdán ilustra la complejidad de la investigación. Los pesquisas buscan aclarar la trazabilidad de más de 500.000 euros en retribuciones procedentes del Congreso y donaciones declaradas al PSOE que «no cuadran» con los movimientos bancarios registrados.
En el tándem Ábalos-García, el objetivo es comprobar si los pagos atribuidos al asesor —viajes, alquileres, gastos diversos— respondían realmente a sus propios desembolsos o encubrían una financiación directa al exministro.
La pista que llevó hasta aquí
Todo comenzó con los hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores detectaron vínculos financieros «poco claros» entre Ábalos y su asesor, incluyendo pagos sospechosos de viajes y alquileres, además de ingresos directos desde el PSOE hacia García.
Paralelamente, las inconsistencias en las declaraciones de Cerdán encendieron las alarmas sobre posibles transferencias indirectas a través de cuentas intermedias. Un rompecabezas financiero que motivó a la UCO a solicitar al Supremo estas nuevas diligencias.
Esta resolución judicial trasciende lo estrictamente procesal. No es una sentencia —el proceso está en fase de instrucción—, pero su mensaje es inequívoco: refuerza la exigencia de transparencia en la financiación de partidos y dirigentes públicos.
