El magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el «caso Koldo García», Leopoldo Puente Segura, ha dictado un auto prorrogando durante seis meses adicionales la fase de instrucción. De este modo, el plazo de investigación, que vencía el 8 de septiembre de este año, se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026.
En España, la ley obliga a que las investigaciones penales no se prolonguen sin control, por eso los jueces de instrucción deben revisar cada seis meses si es necesario seguir investigando.
El auto recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo inicial de 12 meses para la instrucción, prorrogable por periodos de seis meses cuando no sea posible concluir las investigaciones. Las prórrogas deben acordarse de forma motivada y con audiencia de las partes, como así ha ocurrido.
Este sistema garantiza que las pesquisas no se alarguen indefinidamente, protege el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y obliga al juez a decidir si sigue investigando o si ya debe cerrar esa fase del procedimiento.
Una investigación compleja y de gran alcance
El procedimiento se centra en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, a través de entidades como ADIF y la Dirección General de Carreteras, a cambio de contraprestaciones económicas.
Los principales investigados son: José Luis Ábalos Meco, exministro de Transportes y diputado y, como tal, aforado –es la razón por la que el Tribunal Supremo es competente en la instrucción de la causa–; Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos; Víctor de Aldama Delgado, empresario; y Santos Cerdán León, exdiputado y exsecretario de organización del PSOE, que ingresó en prisión provisional el 30 de junio tras su declaración.
Además, recientemente se han incorporado otros seis investigados.
Diligencias practicadas y nuevas líneas de investigación
Desde el inicio de la investigación se han practicado numerosas actuaciones: Declaraciones de los principales investigados en varias ocasiones, peticiones de información a organismos públicos (Ministerio de Transportes, ADIF, Dirección General de Carreteras, Agencia Tributaria, entre otros), más de veinte declaraciones testificales, registros domiciliarios y en sedes sociales a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 5 de junio de 2025, intervención y análisis de documentos y dispositivos electrónicos incautados y requerimientos a entidades financieras y partidos políticos para el acceso a cuentas y correos corporativos.
El informe de la UCO también mencionó a otros cargos y empresarios, y sirvió de base para que se incorporaran nuevos investigados y para abrir nuevas líneas de investigación, incluyendo el análisis de expedientes de adjudicación y una pericia sobre grabaciones incautadas.
Motivos para la prórroga
El instructor argumenta que el volumen de documentación y material intervenido aún está siendo analizado, las pruebas ya practicadas pueden dar lugar a nuevas diligencias, la entrada de seis nuevos investigados en junio de 2025 hace necesario prolongar el plazo y hay expedientes administrativos sobre adjudicaciones que todavía deben ser recabados y estudiados.
Por estas razones, y tras oír al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, el magistrado instructor considera imprescindible ampliar el plazo de instrucción.
En su auto, Puente advierte que no es firme y que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o recurso de apelación en cinco días, según el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
