Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García, ha declarado este lunes como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. En su comparecencia, ha puesto en duda la autenticidad de determinados mensajes de WhatsApp que los investigadores vinculan a pagos, al señalar que términos como “chistorras”, “soles” o “lechugas” “no encajan” con su forma habitual de expresarse.
Así, Uriz ha apuntado que los mensajes recogidos en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deben contextualizarse, al sostener que “tiene que haber algo antes o después” de esas conversaciones.
Asimismo, ha explicado que, durante su etapa en el Ministerio, su expareja podía llegar a enviarle “200 mensajes en un solo día”, lo que, unido al uso de dos teléfonos móviles, dificultaba el seguimiento de las comunicaciones.
“Porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no, que eso no lo he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir y de expresarme”, ha afirmado.
La testigo ha respondido únicamente a las preguntas de su abogada —que también ejerce la defensa de Koldo García—, al alegar que está siendo investigada en la Audiencia Nacional en el marco del denominado ‘caso Koldo’.
Los sobres de Koldo en Ferraz
Durante su declaración, Uriz ha explicado que tanto ella como García se encargaban de gestionar gastos personales de Ábalos debido a la mala relación del exministro con su expareja, una práctica que, según ha indicado, se producía con anterioridad a conocer a Aldama.
Entre esas tareas, ha mencionado la compra de tabaco, libros o la gestión de la tintorería, así como la adquisición de billetes de avión y tren. Según ha señalado, Ábalos solía pedir que se eligieran “las opciones más económicas” dentro de lo posible.
Para diferenciar los gastos del Ministerio de los correspondientes al PSOE, ha detallado que García utilizaba “dos sobres”. En aquellos casos en los que coincidían viajes oficiales con funciones orgánicas del partido, se debía separar cada concepto para asignarlo al pagador correspondiente.
Uriz ha asegurado que los reembolsos procedentes de la sede socialista de la calle Ferraz se realizaban “siempre en efectivo”, mientras que en el Ministerio algunos pagos se efectuaban por transferencia y otros también en metálico.
Según ha explicado, para tramitar los gastos ante el PSOE se recopilaban los tickets y se elaboraba una hoja de Excel con la fecha, el lugar y el importe, que posteriormente se remitía al partido. Ha subrayado que los socialistas “solo pagaban si tenían los tickets” o alguna justificación, hasta el punto de que, en una ocasión, García no pudo cobrar un gasto por haber extraviado el recibo.
La testigo ha indicado que los reembolsos se entregaban en sobres cerrados y que, en ocasiones, era ella quien recogía los correspondientes a Ábalos y a su exasesor si estos no estaban disponibles. Posteriormente, entregaba el sobre a García y dejaba el de Ábalos a su secretaria en el Ministerio para su depósito en el despacho.
Relación con Aldama y actividad durante la pandemia
A preguntas de su letrada, Uriz ha negado haber recibido “pagos directos” de Víctor de Aldama. Sí ha reconocido que escuchó a su entonces marido referirse a él como alguien que le había pedido ayuda, aunque ha precisado que no solía interesarse por asuntos del Ministerio.
También ha negado conocer la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, aunque ha confirmado que durante la pandemia escuchaba conversaciones telefónicas sobre mascarillas, en relación con su retención, transporte o llegada a España, dada la urgencia del contexto sanitario.
Uriz ha manifestado, además, que vio “un par de veces” a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, y “una vez” a Claudia Montes, vinculada al exministro, negando haber falsificado el currículum de esta última.
Finalmente, ha señalado que durante su etapa en el Ministerio los ingresos conjuntos de la pareja superaban los 125.000 euros anuales, sumando sus salarios y una pensión que percibe García.
El presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha cuestionado la relevancia de este extremo en relación con los hechos enjuiciados. Ante ello, la letrada ha defendido que trataba de explicar el origen del incremento patrimonial atribuido a su cliente.
