La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha lanzado hoy un mensaje inequívoco desde el Tribunal Supremo. Sin nombrarlo directamente, Isabel Perelló ha respondido a Pedro Sánchez y su «hay jueces haciendo política» con una defensa cerrada de la independencia judicial que no admite medias tintas.
El acto de apertura del año judicial se convirtió en el escenario perfecto para una reivindicación institucional que llevaba semanas gestándose.
Ante el Rey Felipe VI, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el fiscal general Álvaro García Ortiz —también en el centro de la polémica por el caso Ayuso—, Perelló dejó claro que «las insistentes descalificaciones a la Justicia, provenientes de los poderes públicos» no solo son «totalmente inoportunas y rechazables», sino que «socavan de forma directa la confianza en la Justicia».
La fórmula elegida por la presidenta del CGPJ resulta jurídicamente impecable: reconoce el derecho al «desacuerdo y la crítica» como elementos «legítimos» del debate democrático, pero traza una línea roja clara cuando se trata de «desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos» contrarios a los principios jurisdiccionales básicos.
El mensaje final no admite interpretaciones: «La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos».
Una llamada al orden institucional que sitúa el debate en su verdadero terreno: el respeto mutuo entre poderes como garantía democrática fundamental.
El trasfondo de la tensión
Las palabras de Perelló no surgen en el vacío. El jueves, los diez vocales conservadores del CGPJ le habían exigido que trasladara tanto al fiscal general como al ministro de Justicia su malestar por la presencia de García Ortiz —procesado por revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso— y por los «ataques» de Sánchez contra los jueces.
La respuesta del bloque progresista fue técnicamente sólida: la Ley Orgánica del Poder Judicial exige la presencia del jefe del Ministerio Público, mientras que la asistencia del ministro de Justicia responde a «una costumbre constitucional consolidada». Argumentos jurídicos que chocan con la realidad política de un momento de máxima tensión institucional.
La doctrina de la separación efectiva de poderes
Perelló ha aprovechado su intervención —aplaudida, algo inusual en estos actos— para fijar doctrina sobre los límites del debate político cuando afecta al Poder Judicial.
Su argumento central se sustenta en que «la confianza y la credibilidad en la Justicia son un bien común que debe ser preservado» porque de ellas «depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho».
La presidenta del CGPJ ha sido especialmente clara al subrayar que en un Estado de Derecho «toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso» con «todas las garantías de audiencia y defensa» y sometido a revisión por «otros jueces imparciales e independientes». U
Un recordatorio de que el sistema cuenta con mecanismos internos de corrección que hacen innecesarias —y contraproducentes— las descalificaciones externas.
El mensaje final no admite interpretaciones: «La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos». Es una llamada al orden institucional que sitúa el debate en su verdadero terreno: el respeto mutuo entre poderes como garantía democrática fundamental.
