La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló Doménech, recibió ayer, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE) el reputado Premio Jurista del Año que otorga la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort.
Perelló, que fue precedida por una «laudatio» elaborada por Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, abrió su discurso de aceptación del Premio con una advertencia clara: la independencia judicial debe preservarse frente a todo tipo de presiones, no solo las institucionales o explícitas, sino también aquellas más sutiles y difusas que se generan en entornos polarizados y altamente mediatizados.
«La independencia no protege solo frente a los procedimientos institucionales, sino también frente a influencias no formalizadas que pueden alterar el contexto de las decisiones en sociedades intensamente mediatizadas y polarizadas», dijo la presidenta.
Un acto de alto perfil
El acto comprendió la entrega del Premio “Artículo Jurídico”, que recibió Alfonso Ortega Giménez, profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), por su trabajo titulado: “El nuevo régimen legal y registral en España en materia de filiación mediante gestación subrogada (tras la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 28 de abril de 2025)”.
Y la entrega de la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia –a petición de esta Asociación– a las magistradas y letradas del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo María Teresa del Caso Jiménez y María Luisa Silva Castaño. Lo que realizó el también magistrado y secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.
Presiones invisibles: incentivos, desincentivos y deslegitimación
Perelló describió un escenario en el que la amenaza a la autonomía judicial no siempre adopta la forma de una injerencia directa, sino que se articula mediante dinámicas ambientales que condicionan el marco de decisión.
“El riesgo no es tanto una presión explícita fácil de detectar como la generación de incentivos y desincentivos, campañas de desprestigio o la difusión de la idea de que la legitimidad de la decisión depende del alineamiento con determinadas expectativas”, subrayó.
Ese tipo de presión —advirtió— no elimina formalmente la independencia, pero puede erosionar su ejercicio efectivo si no existe un entorno institucional sólido: “Este tipo de presión no anula totalmente la independencia, pero puede afectar a su efectividad si no se preserva un entorno institucional en el que decidir conforme a derecho sea lo normal”.
La apelación a la “normalidad” de decidir conforme a Derecho apunta a una preocupación estructural: que el juez no sienta que su legitimidad depende de satisfacer expectativas externas, sino exclusivamente de la correcta aplicación de la ley.
El discurso de Perelló transformó así un acto de reconocimiento profesional en una reivindicación firme de la independencia judicial en todas sus dimensiones —externa e interna— y frente a cualquier modalidad de presión.
Independencia externa e interna: una doble garantía
En su intervención, la presidenta subrayó que la independencia no es un privilegio corporativo: “La independencia judicial es el primer atributo que la Constitución precisa a quienes administramos. No es un privilegio, es una exigencia inherente a la función jurisdiccional”.
En ese sentido, evocó el mandato constitucional que somete a jueces y magistrados únicamente al imperio de la ley, reforzando la idea de que la legitimidad judicial descansa en la sujeción estricta al ordenamiento jurídico.
Agradecimiento por el premio y reconocimiento a Manuel Marchena
La presidenta no eludió el carácter honorífico del acto y expresó su gratitud por la distinción recibida: “Es un verdadero honor recibir este premio”.
No obstante, quiso despersonalizar el reconocimiento y situarlo en clave colectiva: “Hoy, más que un reconocimiento personal, me siento parte de un homenaje a la excelencia en el desempeño de todos los jueces y juezas de este país”.
Asimismo, recordó que el año anterior el galardón recayó en el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, a quien manifestó su admiración y cuyo legado intelectual evocó como referencia de excelencia jurídica.
Perelló subrayó que era “un honor seguir la estela” de quien definió como una figura de destacada personalidad e inteligencia jurídica, invitando a reflexionar sobre el significado profundo de ser jurista en un Estado de Derecho.
Rigor técnico como escudo frente a la presión
Frente a cualquier forma de presión —explícita o difusa—, la presidenta reivindicó el rigor técnico como principal garantía: “Aplicar los contenidos significa, ante todo, fidelidad al ordenamiento. El rigor es nuestro escudo”.
Ese rigor implica también autocontención y neutralidad: “No convertir las preferencias personales en un criterio jurídico”.
En un contexto de creciente polarización, la advertencia adquiere un significado especial: la independencia judicial exige no solo resistir presiones externas, sino también blindar la decisión frente a influencias ambientales o expectativas sociales.
La defensa de la independencia se enmarcó en una concepción estructural del sistema constitucional: “El Poder Judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Este no puede existir sin jueces y juezas que con independencia y profesionalidad garanticen el respeto de la ley y la protección efectiva de los derechos de todos”.
La intervención concluyó con una apelación a preservar la legitimidad institucional y la confianza ciudadana: “Se trata, en definitiva, de preservar y profundizar la confianza ciudadana en un sistema jurídico que aspire a la justicia y no a la mera apariencia de justicia”.
El discurso transformó así un acto de reconocimiento profesional en una reivindicación firme de la independencia judicial en todas sus dimensiones —externa e interna— y frente a cualquier modalidad de presión, incluidas aquellas que, sin manifestarse de forma directa, pueden erosionar silenciosamente la libertad de decisión conforme al Derecho.
Sánchez Melgar: «Isabel Perelló es un referente que refuerza la confianza ciudadana en el Poder Judicial»
En su intervención previa, Julián Sánchez Melgar destacó que la finalidad principal de la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort era la divulgación del Derecho y que, en ese contexto, se concedió el Premio Jurista del Año a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por su firme defensa de la independencia judicial como pilar del Estado de derecho.
Subrayó su sólida trayectoria profesional, su liderazgo de consenso, su discreción y su valentía institucional al denunciar las descalificaciones a los jueces, así como su compromiso con el respeto institucional, la igualdad y la mejora de los recursos de la justicia, presentándola como «un referente que fortalecía la confianza ciudadana en el Poder Judicial».
Alfonso Ortega, profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, recibió su premio, dotado con 5.000 euros, de manos del presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana.
La ceremonia, presidida por el presidente de la RAJYLE, Luis María Cazorla, junto a Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, y Juan Carlos Estévez, presidente de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort, estuvo muy nutrida de asistentes.
La magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, los magistrados de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, presidente, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo y Camen Lamela, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de ese órgano judicial, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, los vocales del CGPJ Alejandro Abascal, Esther Rojo, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, Esther Rojo e Isabel Revuelta.
Salvador González, presidente de la Abogacía Española, Joaquín Merchán, presidente de los Graduados Sociales y Victoria Ortega, secretaria general de la Mutualidad, siguieron con gran interés el desarrollo del evento.
Lo mismo que Óscar Alzaga, Enrique Bacigalupo, Luis Rodríguez Ramos, Javier Sánchez, la catedrática Araceli Mangas, la magistrada jubilada del Supremo, Rosa María Virolés, Gregorio García Torres, Antonio Dorado, Emilia Zaballos, Francisco Jiménez, Gregorio Arroyo Hernansanz, Verónica Ezcurra, Begoña y José Tárrega y Fernando Pinto Palacios, presidente de la Asociación de Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo quien, junto con varios compañeros –incluyendo a Alfonso Rincón, director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo– arroparon a sus colegas, María Teresa del Caso Jiménez y María Luisa Silva Castaño.
Todos ellos conforman lo que hoy se considera la «sala de máquinas» del Tribunal Supremo para quienes la. presidenta Perelló viene reclamando una subida económica.
Ambas fueron grabadas cuando fueron llamadas a recoger sus respectivas cruces distinguidas de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que les entregó el secretario de Estado de Justicia.
