La fiscal superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, ha llamado hoy la atención, en su discurso de presentación de la memoria de la Fiscalía, celebrado hoy, en el marco de la sesión de apertura del año judicial, sobre un fenómeno altamente inquietante: los delitos cometidos por menores no solo no descienden, sino que comienzan a manifestarse en edades cada vez más tempranas.
En 2024, un total de 2.964 menores de 14 años fueron registrados por conductas infractoras, frente a los 2.770 del año anterior. Lo que supone un aumento del 7 % frente al año anterior, ha explicado la fiscal superior.
El repunte no es un episodio aislado. Se inserta en una tendencia sostenida durante los últimos ejercicios que, de consolidarse, podría modificar la radiografía social y delictiva de la región.
Aunque el grupo de 16 a 18 años sigue concentrando el grueso de los expedientes (6.776 casos en 2024), el foco de la Fiscalía se dirige con creciente preocupación hacia quienes ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad penal.
Una cifra que, más allá de lo numérico, plantea dos preguntas inevitables: ¿qué está llevando a niños aún en plena infancia a cruzar el umbral de la ilegalidad? ¿Sería conveniente bajar la edad de responsabilidad penal de los 14 a los 12 años?
La implicación de adolescentes en actividades delictivas abre un debate incómodo: ¿estamos ante un fallo estructural en los sistemas de prevención, educación y protección social?
La Memoria advierte que los delitos violentos, lejos de retroceder, mantienen cifras alarmantes.
Durante 2024 se registraron 26 intentos de homicidio o asesinato —prácticamente los mismos que el año anterior—, mientras que los delitos de lesiones ascendieron a 2.910, lo que supone un incremento del 8,6 %.
¿UN PADRÓN GENERACIONAL DE DELINCUENCIA FEROZ?
En muchos de estos episodios aparecen menores vinculados a bandas juveniles, donde el uso de armas blancas y los enfrentamientos entre grupos rivales se han normalizado como parte de una dinámica de violencia ritualizada.
La pregunta que sobrevuela estos datos es si la Comunidad de Madrid se encuentra ante un fenómeno coyuntural, amplificado por factores sociales recientes, o si se está consolidando un nuevo patrón generacional de delincuencia precoz.
La historia ofrece algunas claves: la aparición de bandas juveniles en España a principios de los 2000 ya obligó a las instituciones a desplegar planes de choque que, sin embargo, parecen hoy insuficientes.
La globalización cultural, el impacto de las redes sociales en la construcción de identidades juveniles y la precarización económica son elementos que, juntos, podrían estar alimentando este nuevo escenario.
Más allá de las cifras, la memoria de la Fiscalía plantea un reto de fondo: cómo abordar una violencia que se multiplica en edades cada vez más vulnerables y que desafía tanto a la justicia como al tejido social.
