Más de sesenta funcionarios de la Generalitat de Cataluña, representados por Administrativando Abogados, son los protagonistas de dos demandas colectivas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona en defensa de sus derechos, ante un presunto caso de concurso de méritos arbitrario dentro de la administración catalana.
Así pues, ambos recursos afectan a las resoluciones PRE/2224/2025, de 13 de junio, y PRE/909/2025, de 13 de marzo. Resoluciones que convocan concursos generales de méritos para proveer puestos de trabajo en las escalas de Auxiliar Administrativa y Gestión de Administración General. Pero que, según destacan ahora ambas demandas colectivas, parecen contemplar presuntas irregularidades en la adjudicación de plazas. Algo que produce un importante desamparo y desasosiego a los funcionarios afectados.
Los procedimientos judiciales interpuestos por Administrativando Abogados agrupan a más de treinta funcionarios en cada caso, a los que se ha denegado el acceso a una fase preferente de adjudicación de plazas tras haber obtenido la condición de funcionarios de carrera por la vía de la promoción interna especial.
Esta promoción interna surge precisamente como respuesta legislativa a años de escasez de oportunidades de movilidad y estancamiento profesional dentro de la Administración, una situación especialmente agravada por los recientes procesos de estabilización del empleo temporal en el sector público catalán.
Las demandas presentadas ponen de manifiesto la incorrecta aplicación de la Ley 8/2023, de 12 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y el fomento de la promoción interna, así como la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad de trato y el acceso a la función pública en condiciones de equidad (artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española).
Presuntas irregularidades del concurso de méritos
Los escritos de demanda subrayan dos grandes núcleos de presunta ilegalidad que afectan directamente al derecho administrativo a la carrera profesional de los recurrentes:
-Discriminación en la adjudicación de plazas: Las bases de ambas convocatorias (auxiliares y gestión) establecen que solo quienes ya eran funcionarios del mismo cuerpo antes del proceso de estabilización acceden a la “primera fase” y, por tanto, a las mejores plazas. Sin embargo, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 8/2023 indica que dicha preferencia corresponde a cualquier funcionario de carrera de la Generalitat anterior a la estabilización, independientemente del cuerpo, escala o especialidad.
-Omisión arbitraria de plazas vacantes: La demanda denuncia que la administración no ha incluido en las convocatorias todas las plazas realmente disponibles y previamente ocupadas de forma provisional, privando a los funcionarios de poder optar a ellas en condiciones de mérito y capacidad. En el caso concreto del concurso de gestión, se resalta la exclusión indebida de la plaza 134453 (Tortosa), destinada a gestión de administración general.
En palabras del letrado Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados: “estas exclusiones y omisiones no solo contravienen presuntamente la jerarquía normativa y vulneran la doctrina constitucional en materia de igualdad, sino que perpetúan una situación de discriminación injustificable para funcionarios que durante años no han tenido acceso a la promoción interna ni a procesos periódicos de movilidad”.
Medidas cautelares
Las demandas fueron acompañadas de una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de intentar lograr la suspensión de los actos impugnados y evitar que la ejecución de las resoluciones haga perder la finalidad legítima del proceso judicial.
Se argumenta que, de ejecutarse las resoluciones recurridas y celebrarse los concursos en los términos actuales, los recurrentes quedarían definitivamente privados de las oportunidades profesionales que la propia ley pretendía garantizar, generando perjuicios irreparables tanto para ellos como para la propia Administración, que podría verse abocada a la nulidad de todo el proceso selectivo con el consiguiente riesgo de reclamaciones posteriores.
Los procedimientos, cuya cuantía se reputa indeterminada dada la naturaleza de los derechos en conflicto, seguirán su tramitación en la vía abreviada al objeto de lograr una respuesta judicial lo más ágil posible.
Su resultado determinará el futuro profesional de los más de sesenta funcionarios representados y de miles de empleados públicos en situación análoga en toda España.
El despacho y los recurrentes confían en que la justicia restablezca el principio de legalidad y equidad que debe regir el acceso, la promoción y la selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Antonio Benítez Ostos declara que, una vez más, Administrativando Abogados demuestra su liderazgo y compromiso con la defensa integral de los empleados públicos ante cualquier actuación lesiva o contraria a Derecho cometida por las Administraciones. Esperamos que se haga justicia y que se pueda revertir la situación en la que se encuentran infinidad de afectados por los actos que recurrimos.
