La cita previa nació con mascarillas. Se quedó sin ellas. Y lo que empezó como un parche sanitario contra los contagios se ha convertido, cinco años después, en un muro.
Esa es la denuncia que vertebra la ofensiva que acaba de lanzar el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos: una campaña nacional para acabar con la cita previa obligatoria en la Administración Pública, respaldada por un informe que pone números —incómodos, contundentes— a una sospecha que muchos ciudadanos arrastran desde hace tiempo.
El sistema no funciona. Y puede que ni siquiera sea legal.
Los datos llegan del Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), que se dedicó durante doce meses a una tarea tan simple como reveladora: intentar pedir cita.
Examinó los 25 trámites más habituales —renovar el DNI, gestionar asuntos en la Seguridad Social, lo cotidiano— entre julio de 2024 y junio de 2025. El resultado: en más del 80 % de los casos analizados no hubo cita disponible durante meses enteros.
Treinta y seis días. Ese fue el récord de espera para conseguir una simple cita. Más de un mes para ejercer un derecho básico.
La radiografía dibuja un mapa de la exclusión con zonas bien delimitadas. Interior, en crisis permanente para DNI y pasaportes, con esos picos de 36 días.
La Seguridad Social, colapso estructural en la mayoría de sus oficinas. Las jefaturas de Tráfico, saturadas y sin alternativa presencial. Extranjería, prácticamente inaccesible.
Solo Hacienda se salva de la quema, con disponibilidad casi completa —aunque tampoco gratis: hasta 10 días de demora.
El argumento jurídico es el que da munición a la campaña. El artículo 14.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común no admite lecturas torcidas: los ciudadanos pueden elegir relacionarse con la Administración «de forma electrónica o presencial».
No dice «solo electrónica».
No dice «presencial si hay hueco».
Dice elegir. Y ahí está el problema de fondo, porque una cita previa obligatoria sin alternativa presencial real no es solo una incomodidad: para los gestores administrativos carece de respaldo legal suficiente y, además, discrimina.
A los mayores. A los migrantes. A quien no se maneja con soltura en el mundo digital. Para ellos, la ventanilla única se ha convertido, sin más, en ventanilla cerrada.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General, no se anda con matices: «La Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen».
De ahí nace el Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, el documento que articula la protesta. Y conviene precisar algo, porque es fácil malinterpretarlo: no se pide eliminar la cita previa. Se pide devolverle su sitio.
Que vuelva a ser lo que fue —una opción— y deje de ser lo que es —una imposición.
Las demandas son tres, y tienen la virtud de ser concretas: garantizar siempre la atención sin cita como alternativa real, reforzar los medios humanos y tecnológicos para absorber la demanda, y prohibir que la cita previa sea la única puerta de entrada a un servicio público.
Nadie aquí está enfrentando la modernización con la tradición. Esa sería una caricatura cómoda. Lo que está en juego es otra cosa, más incómoda de admitir: el derecho del ciudadano frente a la comodidad del administrador.
Se puede tener una Administración moderna sin levantar muros con la tecnología. De hecho, hay que tenerla.
La campaña busca adhesiones —de organizaciones sociales, colegios profesionales, ciudadanos a pie de calle— y tiene una hoja de ruta ambiciosa: llevar el informe a las Cortes, al Defensor del Pueblo y, si hace falta, a instancias europeas. El Consejo ha preparado un documento de adhesión que puede firmarse a través de su web (www.consejogeneral.org) o remitirse al correo [email protected].
Al final, todo se reduce a una pregunta que suena casi a examen elemental de democracia: ¿puede un ciudadano español entrar físicamente en su Administración para ejercer sus derechos? Si la única respuesta posible es «solo con cita, y solo cuando la haya», entonces el problema ha dejado de ser de eficiencia. Es de legalidad.
La cita previa llegó como excepción. Se quedó como regla. Y se quedó, además, sin que casi nadie levantara la mano para preguntar con qué base legal. Eso dice bastante sobre cómo gestionamos los derechos cuando nadie está mirando.
La novedad es que ahora alguien mira. Mide. Y pide cuentas.
SUMAR ADHESIONES
La campaña de los gestores administrativos busca sumar adhesiones y movilizar a organizaciones sociales, colegios profesionales y ciudadanos. Su objetivo: presentar el informe en las Cortes, ante el Defensor del Pueblo y en instancias europeas si es necesario.
El Consejo General de los Gestores Administrativos ha preparado un documento de adhesión, que puede firmarse a través de la web del propio Consejo (www.consejogeneral.org) o que se puede encontrar en redes sociales y remitir a la dirección de correo electrónico: [email protected].
