El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha lanzado una campaña nacional para exigir el fin de la cita previa en la Administración Pública armados con un informe demoledor que documenta el colapso del sistema actual.
La pandemia se fue, pero la cita previa se quedó. Lo que nació como medida sanitaria de emergencia ha mutado en una barrera permanente que convierte el derecho constitucional a la atención presencial en una quimera burocrática.
Los números son demoledores: un informe del Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) denuncia que más del 80 % de los trámites analizados de los 25 trámites más habituales —desde renovar el DNI hasta gestiones en Seguridad Social— carecieron de cita disponible durante meses enteros entre julio de 2024 y junio de 2025.
Los ciudadanos esperaron hasta 36 días para conseguir una simple cita. 36 días para ejercer un derecho básico.
Lo que debía ser una herramienta de orden y eficiencia, se ha transformado en un filtro excluyente sin base legal suficiente.
Por eso, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos lanza el Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, acompañado de un informe que demuestra con datos el colapso del sistema actual y llama a una movilización general para exigir una atención pública digna, cercana y accesible.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General, ha declarado la guerra a este modelo excluyente: «La Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen».
El artículo 14.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común es cristalino: los ciudadanos pueden elegir relacionarse con la Administración «de forma electrónica o presencial».
No dice «solo electrónica salvo cita previa disponible». Dice que pueden elegir. Pero la realidad administrativa ha dinamitado este derecho. La cita previa obligatoria —sin alternativa presencial real— no solo carece de respaldo legal suficiente, sino que discrimina sistemáticamente a mayores, migrantes y ciudadanos con menor acceso digital. Para ellos, la ventanilla única se ha convertido en ventanilla cerrada.
RADIOGRAFÍA DE UN AÑO
El Observatorio de Gestión Pública del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid radiografió durante un año la disponibilidad real de citas.
Los resultados dibujan un mapa de la exclusión: crisis permanente en Interior para DNI y pasaportes, con picos de 36 días de espera; colapso estructural en la mayoría de oficinas de Seguridad Social; jefaturas de Tráfico saturadas sin alternativa presencial; servicios de Extranjería prácticamente inaccesibles. Solo Hacienda mantiene disponibilidad casi completa, aunque con demoras de hasta 10 días.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General, ha declarado la guerra a este modelo excluyente: «La Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen».
El Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva que han lanzado no busca eliminar la cita previa, sino devolverle su función original: ser una opción, no una imposición.
Sus demandas son técnicamente precisas y políticamente viables: garantizar siempre la atención sin cita como alternativa real, reforzar medios humanos y tecnológicos para absorber la demanda ciudadana, y prohibir la cita previa como única vía de acceso a servicios públicos.
Esta batalla no enfrenta modernización contra tradición. Se trata de algo más profundo: el derecho ciudadano frente a la comodidad administrativa. Es perfectamente posible —y necesario— tener una Administración moderna sin convertir la tecnología en muro.
La campaña de los gestores administrativos busca sumar adhesiones y movilizar a organizaciones sociales, colegios profesionales y ciudadanos. Su objetivo: presentar el informe en las Cortes, ante el Defensor del Pueblo y en instancias europeas si es necesario.
El Consejo General de los Gestores Administrativos ha preparado un documento de adhesión, que puede firmarse a través de la web del propio Consejo (www.consejogeneral.org) o que se puede encontrar en redes sociales y remitir a la dirección de correo electrónico: [email protected].
Al final, se trata de un test democrático básico: ¿puede un ciudadano español acceder físicamente a su Administración para ejercer sus derechos? Si la respuesta es «solo con cita previa cuando esté disponible», estamos ante un problema de legalidad, no de eficiencia.
La cita previa llegó con la pandemia como excepción sanitaria. Que se haya quedado como regla administrativa sin base legal sólida dice mucho sobre cómo gestionamos los derechos cuando nadie mira. Ahora alguien está mirando, midiendo y exigiendo cuentas. Era hora.
