La Abogacía reclama una inmediata solución al conflicto entre LAJs y Ministerio que permita reactivar el servicio público de justicia 
La Fundación Abogacía y Derechos Humanos se suma así a Unión Profesional para denunciar «la masacre en Gaza» y «canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto». Foto: Confilegal.

La Abogacía española se implica en la defensa jurídica de la población gazatí

22 / 09 / 2025 20:17

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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido actuar. Su Fundación Abogacía y Derechos Humanos liderará desde el ámbito jurídico la defensa de la población civil gazatí.

La Fundación se suma así a Unión Profesional —la asociación que aúna a las profesiones colegiadas y aglutina a 36 Consejos Generales y Superiores y Colegios profesionales— para denunciar «la masacre en Gaza» y «canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto».

La decisión, adoptada en el pleno del pasado viernes, responde a una realidad que ya no admite medias tintas: el incumplimiento sistemático del Derecho Internacional Humanitario en Gaza y la grave situación que atraviesa la Franja.

La Fundación tiene un doble objetivo: garantizar la aplicación efectiva del Derecho Internacional y proteger a los juristas que, bajo condiciones especialmente adversas, defienden los derechos humanos en el territorio palestino.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de Unión Profesional, que agrupa fundaciones y ONGs vinculadas a los Consejos Generales y Colegios Nacionales. El propósito es amplificar la voz común para defender el ejercicio profesional en zonas de conflicto como mecanismo esencial de asistencia humanitaria.

Las acusaciones sobre el terreno

Unión Profesional no ha utilizado eufemismos en su valoración: «En la Franja de Gaza está ocurriendo a ojos del mundo una masacre genocida por parte del ejército israelí que dinamita los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

La organización denuncia ataques indiscriminados contra población civil y la obstrucción deliberada de asistencia vital. Más grave aún: la conversión de la comunidad profesional —periodistas, sanitarios, docentes— en objetivo militar, atacando hospitales, escuelas y puestos de socorro.

Una estrategia que, según UP, vulnera «todos los principios deontológicos y humanitarios» al convertir en blancos deliberados las infraestructuras civiles protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

La Abogacía española ha tomado posición. Ahora toca ver si el Derecho Internacional puede imponerse sobre el terreno.

La Fundación Abogacía y Derechos Humanos se suma así a Unión Profesional para denunciar «la masacre en Gaza» y «canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto».

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