El Tribunal Constitucional ha cerrado definitivamente el caso de la ‘Isla de Valdecañas’. Los magistrados rechazaron por unanimidad este martes el recurso de la Junta de Extremadura contra la orden de demolición total del complejo cacereño de 134,5 hectáreas, situado entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo en una isla artificial que se formó artificialmente con la construcción de la presa de Valdecañas en el río Tajo.
La llamada «isla de Valdecañas» es conocida como la «Marbella de Extremadura» gracias a sus instalaciones de alta gama, su servicio excepcional y su ambiente exclusivo.
Todo eso tiene ahora los días contados. La decisión da vía libre judicial al derribo del hotel, las 185 viviendas y el campo de golf de Marina Isla de Valdecañas, aunque quedan pendientes dos recursos que pueden frenar o retrasar la demolición: los presentados por las comunidades de propietarios del complejo y por los propios ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.
La clave medioambiental
El Supremo ordenó la demolición completa por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Con esa decisión, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que había declarado la «imposibilidad material de demoler» los edificios ya construidos y en funcionamiento.
El TSJExhabía optado por preservar las instalaciones terminadas, estimando que el coste de demolición total ascendería a 144,9 millones de euros entre obras e indemnizaciones.
Un giro en el Constitucional
La unanimidad alcanzada este martes marca un giro respecto a la división que mostró el TC en junio de 2023, cuando suspendió cautelarmente el derribo por seis votos frente a cinco. Entonces, los magistrados consideraron «prematura» la medida al no existir «riesgo inminente» y alertaron de que demoler lo construido ocasionaría «perjuicios económicos difícilmente reparables».
El conflicto arrancó en 2011 cuando el TSJEx anuló la autorización autonómica al proyecto urbanístico. Tras años de litigio, en 2022 el Supremo estimó el recurso de Ecologistas en Acción-CODA y ordenó la demolición íntegra, una resolución que la Junta llevó al Constitucional junto con los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
El fallo deja expedita la vía para el derribo de uno de los casos urbanísticos más controvertidos de España, aunque los recursos pendientes pueden dilatar aún más su resolución definitiva.
