El actual consejero de Estado y expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sigue teniendo muy claras las cosas sobre el contencioso existente en torno a la decisión de que se derribe todo el complejo residencia y turístico Marina Isla de Valdecañas, tomada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
«Fue un acierto construir Valdecañas, no tengo la menor duda. ¿Qué hubiera hecho usted con un proyecto urbanístico que contaba con todos los informes positivos necesarios: impacto medioambiental, gabinete jurídico, licencias municipales, informe de intervención…? Todos los informes a favor. Gobernar no implica conocerse toda la legislación europea, española y local. Se puede ser analfabeto y ser presidente de Gobierno. Para eso están los gabinetes, que te dicen si se puede hacer o no. Y esto se podía hacer», afirma Rodríguez Ibarra.
La construcción de este lujoso espacio urbanístico fue una de las últimas decisiones que tomó el Gobierno regional, en 2007, que Rodríguez Ibarra había venido presidiendo durante los 24 años precedentes.
Los terrenos fueron recalificados y declarados Proyecto de Interés Regional (PIR). Se construyó un espectacular «resort» de 133 hectáreas, con chalets de lujo de entre 275 y 560 metros cuadrados, levantados en parcelas de hasta 800 metros cuadrados que, a día de hoy, da trabajo a casi 200 personas.
Rodríguez Ibarra recuerda que en ese año, en 2007, los ecologistas recurrieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el PIR aprobado por su gobierno, solicitando la paralización de las obras.
Cosa que no concedió el TSJEx.
«¿Por qué el TSJEx no suspendió las construcciones entonces? Podía haberlo hecho y no haber llegado a esto. Pero lo permitió y las obras continuaron. ¿Hemos actuado con malicia, con falta de rectitud, con la voluntad de hacer daño? ¿Dónde está aquí la mala fe? ¿A quién se le perjudica? ¿Qué ganaba la Junta de Extremadura con esto? Aprobar un Plan de Interés Regional. ¿Qué ganaban los miembros del Consejo de Gobierno? ¿O los órganos administrativos que nos asesoraron? ¿Dónde está la voluntad de no actuar correctamente? No lo entiendo», se contesta a sí mismo.
Esto, de acuerdo Rodríguez Ibarra, beneficia a dos pueblos. A El Gordo y a Berrocalejo, los términos municipales que comprenden la Isla de Valdecañas.
«Algunos dicen, es que Valdecañas era para ricos. Efectivamente, lo hicimos para eso. Para gente con dinero que dio trabajo, empleo… Para los pobres ya hacíamos viviendas sociales. El problema que existe ahora es que, si se hace una demolición total, mucha gente perdería sus puestos de trabajo y sus medios de vida», refiere.
El presidente de la Junta de Extremadura recuerda también que cuando se empezó a construir Valdecañas no había Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA): «Sencillamente porque lo había habido era un anuncio a la Unión Europea de que se pensaba declarar zona ZEPA tales territorios. La UE quería declarar ZEPA nada más y nada menos que el 70 % de Extremadura. Al final, llegamos a un acuerdo del 29 %. No había ZEPA. Si hubiera habido ZEPA la Consejería de Medio Ambiente nos hubiera dicho que no se podía construir. Medio Ambiente nos dio la autorización».
¿UN MAGISTRADO ‘CONTAMINADO’?
El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx finalmente falló, en 2011 a favor de las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex, en dos sentencias idénticas, decretando el derribo total de lo construido. Lo que algún medio local había calificado de «la Marbella de Extremadura».
El presidente y ponente de ese tribunal fue Wenceslao Olea Godoy. Cuando ambas asociaciones, tras el fallo, solicitaron la ejecución provisional, Olea les exigió –como era preceptivo– una fianza de 41 millones de euros para cubrir los daños y perjuicios que pudieran sufrir por la paralización de los proyectos de construcción y la imposibilidad de utilizar las instalaciones mientras se resolviera el recurso de casación ante el Supremo.
Olea abandonó un año más tarde, en 2012, esa Presidencia para convertirse en magistrado de la Sala jurisdiccional del Tribunal Supremo, en Madrid.
En 2014 el Alto Tribunal confirmó el fallo, por lo que las dos sentencias devinieron firmes.
Sin embargo, el TSJEx no pudo ejecutarlas por imposibilidad de ejecución parcial del derribo. Los costos eran prohibitivos; más de 180 millones de euros. Y así lo admitió en 2020. Con lo que la causa regresó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, de la que el magistrado Olea forma parte ahora.
De acuerdo con la ley, Olea tenía que haberse apartado del asunto, por su conocimiento directo del asunto.
Pero no lo hizo.
Siendo parte de la Sección Quinta de dicha Sala, Olea revisó los autos de imposibilidad de ejecución parcial de derribo dictados por el TSJEx y participó en la deliberación de la sentencia que ordena la demolición final de Valdecañas, que conoce tan bien.
Así lo confirma el propio ponente en la sentencia del caso, el magistrado Octavio Herrero Piña. No solo reconoce ese conocimiento previo de la causa del compañero Olea sino que, además, lo considera una ventaja. Pues “precisamente por el hecho de haber dictado la resolución objeto de ejecución garantiza el conocimiento del alcance de la misma y su adecuada ejecución”, escribe de su puño y letra.
Traducido, no importa que Olea estuviera «contaminado», contraviniendo la doctrinas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, para esta causa.
Al contrario, argumenta Herrero Piña en el fallo. El mundo al revés.
Así lo considera Rodríguez Ibarra. «Wenceslao Olea actuó en dos instancias en un mismo caso. Eso pensamos nosotros. Creíamos que, por ello, la sentencia sería derogada porque, como todo el mundo sabe, un juez no puede formar parte de un caso en dos instancias diferentes. Como medida para garantizar la imparcialidad. Pero en este caso así ha sido y no ha ocurrido nada».
Sobre los rumores que circulan sobre una supuesta enemistad personal con Olea –que buscaba llegar a ser magistrado del Supremo cuando él ocupaba la Presidencia de la Junta de Extremadura y la Presidencia del Gobierno era del PSOE– y su presunta beligerancia para que eso no ocurriera, el expresidente extremeño lo niega de plano.
Con un tono de rotundidad que no deja ninguna duda dice: «Nunca me he metido en esos temas. Y jamás he intervenido a favor o en contra de nadie. Sí es verdad que algunos jueces pensaban que nosotros obstaculizábamos su carrera hacia arriba, cosa que es falsa. Jamás he ido al Consejo a decir ponga usted a zutano o a mengano».
Olea fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial en 2012 como magistrado del Supremo. Y en 2013 se convirtió en vocal del nuevo órgano de gobierno de los jueces con el apoyo del PP.
