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Valdecañas o la necesidad de que la mujer del César, además de ser honrada debe parecerlo
Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ, fue el ponente de las sentencias del TSJEx que decretaron el derribo de Valdecañas.
04/10/2023 06:31
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Actualizado: 04/10/2023 09:04
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una doctrina consolidada muy simple: la apariencia de imparcialidad de los jueces es tan importante como la imparcialidad misma.
Esto es lo que vienen a argumentar los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, ambos de la provincia de Cáceres, en un recurso de reposición contra un auto de 15 de septiembre pasado dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
En dicho auto se ordena “continuar la ejecución de los pronunciamientos no suspendidos por el Tribunal Constitucional”.
O dicho de otra manera, “demoler, revegetar, etcétera”.
El recurso de reposición contiene dos folios que llaman muchísimo la atención. Se trata de unas «Jornadas» jurídicas sobre urbanismo y medio ambiente.
Pongo las comillas porque es un solo día, por lo tanto debería ser jornada, en singular. Una jornada que la empresa KLJCFC Asesores ha organizado para el 19 de octubre próximo en la propia sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
¿Por qué es esto llamativo?
Porque en las mismas participan Wenceslao Olea Godoy, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Casiano Rojas Pozo, Mercenario Villalba Lava y Carmen Bravo, magistrados todos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx, y César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional (TC).
Todos ellos han tenido –o tienen que ver- con el caso Valdecañas, ahora pendiente de sentencia final en el TC.
Pero con ramificaciones todavía vivas en la Sala de lo Contencioso del TSJEx, ante el que los representantes legales de ambos ayuntamientos han interpuesto ese recurso.
Y es esta Sala del TSJEx la que tiene que responder a ese importante recurso que marca el futuro de esta isla urbanizada en el corazón de Extremadura. La consecuencia directa –si se rechaza– será el cierre del único hotel que funciona en la isla y el campo de golf.
QUÉ ES VALDECAÑAS
Valdecañas, para que nos centremos, es un complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en lo que antiguamente era la Extremadura vaciada.
Es una isla dentro del Embalse de Valdepeñas.
El proyecto fue impulsado en 2007 por el último gobierno autonómico que presidió el socialista Juan Carlos Rodríguez, quien siempre ha repetido que dicha decisión “fue un acierto”.
El complejo urbanístico fue declarado en 2007 Proyecto de Interés Regional (PIR). Se construyó un espectacular «resort» de 133 hectáreas, con 186 chalets de entre 275 y 560 metros cuadrados, levantados en parcelas de hasta 800 metros cuadrados que, a día de hoy, da trabajo a casi 200 personas.
Esto es, precisamente, lo que quieren proteger ambos ayuntamientos.
Rodríguez Ibarra explicó a Confilegal en su momento que cuando se empezó a construir Valdecañas, no había Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), que es lo que se pretende proteger.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx falló en 2011 a favor de las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex decretando el derribo total de lo construido. Había que proteger el habitat de las aves.
Wenceslao Olea fue el presidente de aquel tribunal.
Y su ponente.
Olea abandonó un año más tarde, en 2012, esa Presidencia para convertirse en magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, con el apoyo del bloque conservador del Consejo General del Poder Judical del momento. Actualmente él mismo es vocal del órgano de gobierno de los jueces.
El Alto Tribunal confirmó la sentencia del TSJEx.
Sin embargo, el TSJEx no pudo ejecutarla por imposibilidad de ejecución parcial del derribo.
Los costos eran prohibitivos; más de 180 millones de euros.
Así lo admitió en 2020. Con lo que la causa regresó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, de la que el magistrado Olea formaba parte ahora.
¿CONTAMINACIÓN?
De acuerdo con la ley, Olea tenía que haberse apartado del asunto, por su conocimiento directo del asunto. Por estar supuestamente contaminado.
Pero no lo hizo.
Siendo parte de la Sección Quinta de dicha Sala, Olea revisó los autos de imposibilidad de ejecución parcial de derribo dictados por el TSJEx y participó en la deliberación de la sentencia que ordena la demolición final de Valdecañas, que conoce tan bien.
Así lo confirma el propio ponente en la sentencia del caso, el magistrado Octavio Herrero Piña. No solo reconoce ese conocimiento previo de la causa del compañero Olea sino que, además, lo considera una ventaja.
“Precisamente por el hecho de haber dictado la resolución objeto de ejecución garantiza el conocimiento del alcance de la misma y su adecuada ejecución”, escribió Herrera-Piña de su puño y letra.
En 2021 el Supremo, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, que es lo que ahora están combatiendo ante el Tribunal Constitucional los dos ayuntamientos, la Junta de Extremadura y las comunidades de propietarios del Complejo Valdecañas.
Una “pelota” que fue a dar, finalmente, al Tribunal Constitucional. El máximo tribunal de garantías de España suspendió de forma cautelar el derribo de la Isla hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
Una decisión que fue tomada el 26 de junio pasado.
EL AUTO QUE SE COMBATE
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, de la que forman parte los magistrados citados, Casiano Rojas Pozo, Mercenario Villalba Lava y Carmen Bravo, dictó el auto mencionado, el 15 de septiembre pasado.
Una Sala que decidirá próximamente sobre este recurso de reposición interpuesto por los dos ayuntamientos impugnando dicho auto.
Tiene mucha base el argumento de los recurrentes de que en en la citada jornada, que se celebrará en la propia sede del TSJEx, “van a tener lugar discusiones jurídicas que deben ser intraprocesales, comentadas fuera de los procesos y por magistrados y partes intervinientes”.
Discusiones jurídicas que podrían versar sobre un caso que, a día de hoy, está vivito y coleando.
Se podría argumentar que puede que Valdecañas no aflore en los debates, pero la sola posibilidad de que ocurra entra de lleno en las aguas de la apariencia. Ciertamente no es el momento ni mucho menos el lugar. Nada menos que la sede del TSJEx, el Palacio de Justicia del máximo órgano jerárquico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Hay cosas que no hay que explicar, como esta. Se ven.
Por lo que se refiere al magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa, éste ha asegurado a Confilegal que no va a tocar el caso de Valdecañas, que se va a referir a la doctrina existente sobre la demolición urbanística y a los problemas de naturaleza procesal, sobre los que es un experto reconocido.
“Por un principio de prudencia, ni puedo, ni debo, ni quiero hablar en público sobre un asunto que es objeto de enjuiciamiento en el Tribunal Constitucional”, aseguró a este periódico.
ARNALDO HA RENUNCIADO A PARTICIPAR
Enrique Arnaldo, ponente de la causa de Valdecañas en el máximo tribunal de garantías –quien también había confirmado su presencia en la jornada– ha explicado a Confilegal que hace días que declinó participar por esto que estoy explicando. Compromete innecesariamente su imparcialidad y la del Tribunal al que sirve. La incompatibilidad es evidente.
Una decisión prudente, elogiable. Lo que debe de ser. ¿Por qué correr ese peligro que podría dar pie a impugnaciones?
Arnaldo tiene muy clara y presente la doctrina del TEDH. La mujer del César debe parecer honrada, además de serlo. La apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma para la Justicia y, de forma. Especial, para el TC.
Una reflexión a la que no parecen haber llegado el magistrado Olea y sus tres compañeros del TSJEx.
Porque es evidente que lo que los magistrados digan en ese foro abierto acerca de Valdecañas -de forma directa, indirecta o tangencial- va a tener consecuencias jurídicas. Lo que podría, repito, afectar a la imagen de imparcialidad de la Justicia. Lo que no necesita en absoluto.
Hércules Poirot, el famoso detective de ficción inventado por Agatha Christie, siempre se refería a las pequeñas células grises del cerebro para referirse a la inteligencia.
Unas células grises que en este caso no han sido utilizadas como se debe. O han estado ausentes. O se han despistado, peligrosamente.
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