El próximo 3 de octubre los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer darán un salto cualitativo. Asumirán no solo los delitos cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora, sino también todos los delitos contra la libertad sexual y la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer.
El cambio no es menor. Responde a un mandato claro, según el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: garantizar una Justicia especializada, humana y con perspectiva de género sobre la base del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la UE en 2023, que exigía esta ampliación competencial.
La Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia lo ha convertido en realidad.
Formación específica y protección frente a la revictimización
A partir de ahora, cualquier delito con un componente de género evidente será investigado por jueces formados en igualdad. La finalidad es doble: reforzar la seguridad de las mujeres y evitar que sufran una revictimización innecesaria.
La ampliación de funciones exige más recursos. Por eso, el Gobierno aprobó el pasado 3 de junio la creación de 50 nuevas plazas judiciales especializadas en violencia sobre la mujer, un incremento del 42% respecto a las existentes.
Con la futura Ley de ampliación de las carreras judicial y fiscal, el aumento podría llegar al 47%.
Según cálculos del Consejo General del Poder Judicial, la carga de trabajo crecerá en torno a un 12,9% de media, aunque el incremento será progresivo, porque los asuntos ya en curso seguirán tramitándose en los juzgados de origen.
Puesta en marcha
De las 50 plazas, 8 entrarán en funcionamiento en octubre en Ayamonte, Marbella, Arona, L’Hospitalet de Llobregat, Llíria, Vila-Real, Manacor y Arganda del Rey. Las 42 restantes lo harán en diciembre, con la creación de los nuevos Tribunales de Instancia.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha autorizado refuerzos temporales mediante jueces sustitutos o en comisión de servicio. Ya se han aprobado en Palencia, Ferrol, Inca, Ibiza, Palma, Las Palmas, Arrecife y Barcelona, informan desde el edificio de la calle de San Bernardo, en madrid.
El Ministerio recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Ministerio la creación y financiación de plazas judiciales, y al Consejo General del Poder Judicial su convocatoria.
En los refuerzos temporales, la iniciativa corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia, que elevan la petición al Consejo, y este al Ministerio para la autorización económica.
Refuerzo paralelo en la Fiscalía
El mismo Real Decreto del 3 de junio creó 42 nuevas plazas de fiscales especializados en violencia sobre la mujer. A diferencia de los jueces, en este caso la potestad de creación y convocatoria recae íntegramente en el Ministerio.
De esas 42 plazas, 41 ya han sido convocadas y la número 42 adjudicada. Hasta su plena incorporación, se aprobarán medidas de refuerzo propuestas por la Fiscalía. Siete de ellas ya cuentan con luz verde y se materializarán en las próximas semanas.
