Los jueces de Violencia sobre la Mujer, tras el anuncio del ministro Félix Bolaños, explicitan sus dudas sobre cómo se va a implementar este aumento de plantilla anunciado por el ministro de Justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Los jueces de Violencia sobre la Mujer exponen sus dudas sobre cómo Bolaños aumentará en un 50 % su plantilla
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09/3/2025 00:45
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Actualizado: 09/3/2025 08:51
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Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, anunció ayer que el Gobierno aumentará en un 50 % la plantilla de jueces especializados en violencia sobre la mujer. Y afirmó que las Secciones de Violencia sobre la Mujer asumirán todas las competencias en materia de «violencias machistas», garantizando entornos más seguros y una mayor protección para las víctimas.
La propuesta fue recibida por este colectivo de jueces de forma positiva –en principio–. Sin embargo, ha suscitado numerosas preguntas sobre su viabilidad y las consecuencias que podría implicar para el sistema judicial y los recursos asociados.
El próximo miércoles una representación de este colectivo tiene cerrada una reunión con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la también magistrada Carmen Martínez Perza.
Y están pendientes de que, desde el Ministerio, les «agenden» una reunión con el secretario de Estado, Manuel Olmedo, igualmente magistrado, para exponerles sus preocupaciones sobre este plan y exponer las posibles soluciones existentes, desde su punto de vista.
«El anuncio del aumento de plantilla en un 50 % es bienvenido, pero, como se suele decir, el diablo siempre está en los detalles«, explica Francisco Gutiérrez Romero, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Sevilla, coportavoz de este colectivo de jueces junto a compañera, Cira García Domínguez, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Getafe, Madrid.
«El anuncio del ministro Bolaños plantea un objetivo ambicioso, pero también genera más preguntas que respuestas. Sin una estrategia clara, sin un plan realista, sin una planificación detallada y un diálogo con todos los actores implicados, el riesgo de colapsar aún más nuestros juzgados es elevado», avanza Gutiérrez Romero.
«La primera duda que se plantea es obvia: ¿cómo se logrará en cinco meses un aumento del 50 % de jueces especializados? ¿Se recurrirá a jueces sustitutos? ¿Serán jueces recién egresados de la Escuela Judicial? ¿Se reconvertirán jueces de instrucción en jueces de violencia? Y si este es el caso, ¿en qué consiste realmente la especialización?«, se pregunta.
El dilema de la especialización y la competencia de las Secciones de Violencia
Los jueces de violencia sobre la mujer vienen reclamando desde hace cinco años el reconocimiento oficial de su especialidad para poder optar a plazas en Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.
«Ahora el Gobierno plantea una conversión acelerada en apenas unos meses. ¿Quién impartirá esta formación? ¿Cuándo y cómo se realizará?», plantea.
«Otra cuestión clave es la atribución de competencias a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, que hasta ahora solo han asumido casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. El ministro formula que estas Secciones absorban todas las violencias machistas, pero esto genera varios interrogantes«, subraya.
«Si un juez de la Escuela Judicial, sustituto o reconvertido puede especializarse en cinco meses, ¿por qué se atribuye la competencia a estas Secciones y no a otras instancias judiciales ya existentes? Actualmente, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer solo conocen una parte de los casos de violencia contra las mujeres, ¿cree el ministro que, con un 50 % más de jueces, las Secciones podrán abarcar todos los casos y mejorar la protección de todas las víctimas?», explica.
Y añade: «¿No sería más adecuado separar la violencia de género de las demás violencias contra la mujer? ¿No deberían existir secciones especializadas en violencia sexual dentro de los juzgados de instrucción?«.
Hasta ahora los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son competentes en los delitos relacionados con la violencia de género.
Desde el próximo 3 de octubre asumirán, además, la competencia sobre todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea una mujer.
Delitos que van desde agresiones sexuales, abusos, acoso sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y acoso con connotación sexual, una conducta que sin llegar a ser agresión física sí crea un entorno intimidatorio o humillante de naturaleza sexual. Esta competencia ha sido, hasta ahora, de los jueces de instrucción.
Dudas logísticas
El anuncio de un incremento del 50 % en jueces también plantea dudas logísticas. Actualmente, la planta judicial cuenta con 121 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (5 están vacantes); 314 Juzgados compatibles y 22 Juzgados comarcalizados.
El magistrado Gutiérrez Romero se pregunta también: «¿Cómo se distribuirá este 50% adicional de jueces? ¿Cuántos jueces supone realmente en términos absolutos?».
«Un ejemplo práctico es Córdoba, que actualmente cuenta con un solo Juzgado de Violencia sobre la Mujer. ¿Se añadirá un juez más (lo que supondría un 100 % de aumento en esa localidad) o medio juez? ¿Ambos jueces estarán disponibles todos los días para recibir atestados de todas las formas de violencia contra la mujer, como plantea el ministro?», apunta.
«Además, si se incrementa el número de jueces, ¿se reforzarán también otros recursos clave, como funcionarios, abogados, fiscales, forenses y personal de oficinas de atención a víctimas? ¿Ha sido este plan consensuado con las Comunidades Autónomas, que tienen competencia sobre gran parte de estos servicios? Y, en caso de que se amplíe la plantilla, ¿dónde se ubicarán estos nuevos profesionales y servicios?», precisa.
Impacto en la carga de trabajo y retribución de jueces
Otra cuestión fundamental es cómo se remunerará este esfuerzo adicional. Actualmente, la competencia sobre ciertas violencias contra la mujer recae en los Juzgados de Instrucción dentro del servicio de guardia, el cual está retribuido. «Si las Secciones de Violencia sobre la Mujer asumen esta competencia, ¿se compensará económicamente a los jueces como si estuvieran de guardia?«.
«Los jueces de violencia sobre la Mujer ya solemos prolongar nuestras jornadas más allá del horario del servicio de guardia», recuerda el magistrado portavoz.
«¿Se espera que, con este aumento de carga de trabajo, los jueces mantengamos nuestra dedicación sin incentivos adicionales? ¿No teme el Ministerio que pueda haber una fuga de jueces hacia destinos menos sacrificados y de menor implicación personal? Esto que ponemos sobre la mesa es importante», subraya Gutiérrez Romero.
Cumplimiento del Convenio de Estambul
El Gobierno justifica esta medida por la obligación de España de cumplir con el Convenio de Estambul. Y surge una pregunta clave: «¿cómo se distribuyen estas competencias en el resto de Europa?».
Hasta ahora, España ha sido presentada como un referente en la lucha contra la violencia de género. «¿Se ha estudiado algún modelo europeo para fundamentar esta reforma? ¿Los demás países cumplen con el Convenio de Estambul de la misma manera? Si no, ¿cómo lo hacen?», señala el magistrado portavoz.
«El cumplimiento del Convenio de Estambul es una obligación internacional, pero su implementación requiere algo más que cifras y anuncios políticos. Se necesita una reforma estructural bien diseñada, que garantice la eficacia del sistema judicial sin poner en riesgo su operatividad ni la calidad de la atención a las víctimas», concluye.
La respuesta a este desafío organizativo, entiende el coportavoz, no puede estar escrita en el viento, como en la canción de Bod Dylan, sino en un papel. Tiene que estar bien reflexionada y consensuada para su implementación.
La improvisación aquí no puede tener sitio.
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