Los jueces decanos refieren que afectará de forma directa a más de 800.000 ciudadanos. El Ministerio dice que no hay nada cerrado.
Rechazo frontal de los jueces decanos de la periferia de Madrid a convertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género
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04/4/2025 12:45
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Actualizado: 04/4/2025 13:59
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Los jueces decanos de 15 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid han hecho público su rechazo «más rotundo y firme» a la intención del Ministerio de Justicia de transformar —mediante un Real Decreto-Ley que está en fase de borrador— tres juzgados de instrucción de Alcalá de Henares, Móstoles y Torrejón de Ardoz en juzgados de violencia sobre la mujer.
El comunicado, firmado por los decanos de estos tres partidos judiciales y respaldado por los de los 17 restantes (Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna, Valdemoro, Colmenar Viejo, Majadahonda y Pinto), alerta de que esta medida supondría una merma grave de medios personales y materiales dedicados actualmente a la investigación penal ordinaria, afectando directamente a más de 800.000 ciudadanos, aunque la realidad es que la población de todos esos municipios sumada se eleva a 1.540.802 habitantes.
Por lo que se refiere a Alcalá de Henares, pasaría de 6 a 5 juzgados de instrucción para atender a una población de 244.466 habitantes; Móstoles, de 6 a 5 para 343.600 personas; y Torrejón de Ardoz, de 4 a 3 para 232.777 residentes.
Es decir, se perdería hasta una cuarta parte de los recursos personales y materiales que actualmente se destinan a la persecución de los delitos.
Una reforma inviable que tensiona aún más las guardias
Los jueces decanos advierten que los jueces de instrucción de guardia en la periferia de Madrid ya asumen la carga de sustituir a los jueces de violencia sobre la mujer las 24 horas del día de 180 días al año, lo que equivale al 49,31 % del calendario. El cálculo es sencillo:
- 24 días de vacaciones anuales
- 18 días de permisos
- 52 sábados
- 52 domingos
- 12 festivos nacionales
- 2 festivos locales
- 10 días de formación (promedio)
- 10 días por licencias varias (promedio)
- = 180 días al año
A ello se suma que fuera del horario de audiencia —tardes, noches y madrugadas de los 365 días del año— los jueces de instrucción deben hacerse cargo también de los asuntos penales urgentes de competencia de los juzgados de violencia de género, ya que estos no disponen de servicio de guardia.
En este contexto, la conversión propuesta implicaría un aumento desproporcionado de la carga de trabajo. En el caso de Torrejón de Ardoz, por ejemplo, los jueces de instrucción podrían llegar a asumir hasta 15 días de guardia al mes, «con grave riesgo de comprometer la capacidad para resolver con acierto los asuntos que se susciten».
Esta sobrecarga, subrayan, comprometería gravemente la calidad de las resoluciones judiciales, especialmente en materias sensibles como las medidas cautelares en casos de violencia sobre la mujer.
Más asuntos, más retrasos, menos justicia
A esta presión añadida se suma el previsible aumento del número de asuntos por juzgado, que podría incrementarse hasta un 25 %, con el consiguiente colapso en la tramitación y una ralentización en la respuesta judicial, especialmente perjudicial para las víctimas.
Por todo ello, los jueces firmantes rechazan que la solución a la sobrecarga de los juzgados de violencia pase por eliminar juzgados de instrucción ya existentes.
Reclaman, en cambio, la creación de nuevas unidades judiciales especializadas y la implantación efectiva de un sistema de guardias entre los juzgados de violencia sobre la mujer en la periferia madrileña.
Especialización sí, pero con medios
La petición es clara: especialización real, con recursos suficientes y sin comprometer el funcionamiento de la jurisdicción penal ordinaria.
El comunicado, firmado ayer, 3 de abril, exige al Ministerio que reconsidere su propuesta y apueste por soluciones estructurales que refuercen la justicia, no que la debiliten.
El Ministerio: No hay nada cerrado
El Ministerio, por su parte, ha recordado que el plan de conversión ha sido elaborado «con los números objetivos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial».
Las mismas fuentes oficiales han añadido: «Lo que tenemos ahora es un borrador de Real Decreto. No hay ningún interés de que se aplique tal cual. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el Consejo y si hay que rectificar algo, se rectifica. Siempre con números y con cargas objetivas. No por capricho. Hay flexibilidad. No hay nada cerrado. También queremos escuchar a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Comunidades Autónomas. Ahora vamos a entrar en un proceso de análisis conjunto. Y si, como dicen, algo no es preciso, se rectifica. Sin problemas», han concluido.
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