El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha comunicado a la Fiscalía Europea (EPPO) que, hasta el momento, no consta que las obras públicas investigadas en la causa que instruye hayan comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, si bien precisa que “no puede descartarse dicha eventualidad”.
La providencia, de ocho folios, ha sido notificada tanto a la Fiscalía Europea como a las partes personadas en el procedimiento. En ella, el magistrado explica que, aunque alguna de las obras pudiera estar vinculada a financiación europea, el objeto de la investigación no es el uso de esos fondos, sino la posible existencia de organizaciones criminales integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que habrían intervenido en adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública mediante posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Puente subraya que, por el momento, no se ha constatado perjuicio alguno para fondos comunitarios ni indicios de elementos de naturaleza transfronteriza.
Esta comunicación responde a una solicitud de información de la Fiscalía Europea, que pretende comprobar si las obras investigadas en el Supremo coinciden con una denuncia presentada ante la EPPO por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y, en su caso, determinar su posible competencia o el ejercicio del derecho de avocación.
La pieza separada del Supremo
El magistrado recuerda que el pasado 23 de septiembre acordó la apertura de una pieza separada centrada en la parte relativa a las obras públicas, en la que figuran como investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor Koldo García y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.
En la providencia, Puente detalla que se ha identificado, de forma meramente indiciaria, una posible organización criminal orientada a la obtención indebida de adjudicaciones de obras públicas, mediante el pago de comisiones ilegales a determinadas autoridades o funcionarios que habrían utilizado su influencia para beneficiar a determinadas empresas.
El magistrado apunta, además, a la posible existencia de una segunda trama, integrada en parte por las mismas personas, pero relacionada con otras entidades constructoras de menor entidad económica, que habría perseguido el mismo fin ilícito.
El instructor precisa también que se investigan diversas obras públicas dependientes de ADIF y de la Dirección General de Carreteras, cuyos expedientes fueron remitidos el pasado 23 de septiembre a la Intervención General del Estado, pendiente aún de emitir su informe.
Puente concluye reiterando que, hasta la fecha, no consta que las obras públicas investigadas hayan comprometido fondos europeos, y que, en todo caso, la procedencia de los fondos constituye, a su juicio, un elemento meramente accidental dentro de una causa cuyo eje es la presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
