España está comenzando a asimilar una figura que ya ha transformado los mercados jurídicos anglosajones: los fondos de financiación de litigios, o third party funding. Este mecanismo permite que un tercero —ajeno al litigio— financie los costes de un procedimiento judicial o arbitral a cambio de un porcentaje de la eventual compensación, convirtiéndose en un actor económico clave del acceso a la justicia.
Sobre esto giró la presentación del libro «La financiación de litigios en derecho español y comparado: estado del mercado y su regulación» y la mesa redonda posterior sobre «La monetización de sentencias, una tendencia en auge», que tuvieron lugar esta semana en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) organizado por el fondo de financiación de litigios RAMCO y la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, impulsores de esta obra colectiva.
En la misma, de la que ha sido «alma mater» y directora la CEO de RAMCO, Cristina Soler, han participado 21 autores, entre ellos profesores de esta universidad así como de universidades internacionales y socios de despachos; es la primera de su naturaleza publicada en España sobre financiación de litigios.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, en la presentación del acto, lo resumió con claridad: la financiación de litigios es una herramienta de democratización procesal. Permite que pequeñas empresas, consumidores o particulares puedan enfrentarse a grandes corporaciones y entidades financieras en condiciones de mayor equilibrio.
“El derecho a ser oído carece de contenido si el afectado no dispone de medios para hacerlo valer”, recordó Ribón, citando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2016 avaló implícitamente la legitimidad de estos mecanismos al señalar que los costes del litigio no deben disuadir el ejercicio de los derechos europeos.
Ribón lamentó que España haya sido “más tardía” que otros países de su entorno —como Países Bajos, Portugal o Alemania— en incorporar estos instrumentos, y considera que la Directiva (UE) 2020/1828 representa una oportunidad de oro para ponerse al día. Su advertencia es clara: el desafío no está en frenar el avance, sino en diseñar un modelo sostenible donde “la rentabilidad no se contraponga con la justicia, sino que contribuya a su fortalecimiento”.
Una regulación necesaria y garantista
La primera mesa, que presentó el libro, estuvo formada por Cristina Soler, CEO de RAMCO Litigation Funding, directora de la obra colectiva y autora, Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y exmagistrado del Tribunal Constitucional, Urquiola de Palacio, presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid y socia directora de la firma Palacio y Asociados, Abogados, Vanesa Fernández, de Civita Legal, Carlos Lorente, miembro del Consejo Asesor Sección Derecho Marítimo y Transporte ICAM, profesor de Derecho Internacional Privado (ICADE), «Of Counsel» de RAMCO y coordinador de la obra, y Diego Agulló, profesor de Derecho Internacional Privado en ICADE, ambos coautores del libro.
Enrique López coincidió en que la figura de los fondos de litigios ha llegado para quedarse, pero subraya la urgencia de dotarla de un marco regulatorio sólido. Reclama mecanismos que garanticen la transparencia, la protección de las partes y la integridad del proceso judicial.
Para López, los fondos de financiación solo podrán consolidarse si logran un equilibrio entre la eficiencia económica y los principios éticos del derecho. “Debemos abordar sin miedo los conflictos de intereses, la independencia del abogado frente al financiador y los límites de la transparencia procesal”, afirmó.
El impulso académico: hacia una cultura del conocimiento
Cristina Soler explicó que el proyecto nació con el objetivo de unir el análisis jurídico y el de mercado en torno a esta figura emergente.
El libro examina desde los aspectos sustantivos del régimen jurídico hasta la monetización de sentencias y laudos, la estructura de los contratos de financiación y su aplicación práctica en sectores especializados como la energía, la construcción, el arbitraje o el derecho de la competencia.
Soler anunció además una segunda edición internacional en inglés, que incluirá nuevas jurisdicciones y comparativas normativas, lo que refuerza la vocación global del análisis.
Carlos Llorente: del desconocimiento al marco dogmático
El jurista Carlos Lorente introdujo una reflexión clave: el problema no es solo jurídico, sino de concienciación (“awareness”). Citando un artículo norteamericano sobre ética y financiación de litigios, Lorente señaló que el legislador suele mostrarse reticente a regular un fenómeno que aún desconoce, y que en España ocurre lo mismo. “No hay un marco dogmático, científico y académico suficiente que inspire al legislador a lanzarse a regular este sector”, explicó.
Por eso, defendió que el libro aspira a llenar ese vacío, proporcionando una base analítica y profesional que impulse una regulación inteligente. A su juicio, no todo debe legislarse, especialmente los aspectos éticos, pero sí es necesario establecer normas claras sobre conflictos de interés, transparencia y comunicación con las partes. “Para legislar adecuadamente primero tenemos que conocer la realidad; por eso este libro es un paso esencial”, concluyó.
Diego Agulló: la utilidad práctica como motor del cambio
Desde el ámbito académico, Diego Agulló destacó que el valor de la investigación reside en su aplicación práctica. “No queremos una investigación que nadie lea, sino que sea muy utilizada, muy pegada a la práctica y aplicable”, afirmó.
El libro, añadió, combina las visiones de profesores universitarios, abogados de grandes despachos y representantes del sector empresarial, convirtiéndose en una obra transversal y útil para entender el fenómeno desde todos los ángulos.
Aulló se mostró favorable a una regulación prudente, que preserve la independencia del proceso sin obstaculizar el desarrollo del sector. “No podemos aspirar a una normativa que mate la utilidad de la financiación de litigios. Se trata de ordenar, no de limitar”, advirtió, recordando los recientes debates en el Reino Unido y el papel que podría desempeñar el arbitraje institucional en este terreno.
Monetización de sentencias
A esta mesa siguió la segunda, titulada «La monetización de sentencias, una tendencia en auge», moderada por Ángel S. Freire, socio de Araoz & Rueda, que reunió a voces autorizadas del sector como Josep Gálvez, «Barrister» y Sénior «Counsel» de RAMCO Litigation Funding, Félix J. Montero, socio de Pérez-Llorca, Ignacio del Cubillo, director de Corporate Legal Services & Finance en Repsol, Emma Morales, socia de Simmons & Simmons, y Diego Agulló.
El debate abordó con rigor los desafíos de las operaciones de monetización de créditos derivados de laudos o sentencias. Entre los principales obstáculos se señalaron la fragmentación jurisdiccional y normativa, la identificación de activos ejecutables, la inmunidad soberana y la incertidumbre de tiempos y costes, que en ocasiones pueden hacer tambalear incluso las operaciones más sólidas.
Los ponentes coincidieron en un punto esencial: la experiencia de los financiadores y la colaboración estrecha con despachos y clientes permiten mitigar estos riesgos y dotar de viabilidad a las operaciones.
En palabras de uno de ellos, este tipo de financiación cumple además una función social innegable: hacer efectivas las resoluciones arbitrales y judiciales, cerrando el círculo de la justicia.
El acto fue clausurado por Cristina Soler, quien agradeció a los autores y a ICADE su implicación en la obra colectiva presentada. Subrayó la importancia de impulsar en España el conocimiento sobre la financiación de litigios, una figura en plena expansión y con altos índices de satisfacción, según el informe Ramco 2023.
Soler también desmintió una de las críticas más recurrentes: los financiadores —explicó— no fomentan la litigación frívola, sino todo lo contrario. Analizan cada caso con profundidad y seleccionan solo aquellos con posibilidades reales de éxito. “Nuestro papel —concluyó— es generar recursos para un mejor acceso a la justicia, no para saturarla.”
