El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha advertido de que “el riesgo de injerencias políticas” será “enorme” si se aprueba la reforma que permitirá a los fiscales instruir las causas penales, al considerar que España “es un país muy polarizado”. Unas declaraciones del portavoz de la asociación de fiscales que llegan poco después de que se haya anunciado que este martes, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), a propuesta de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Será la primera reforma integral de la norma procesal penal en 143 años, desde que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal vio la luz en 1882 de la mano del entonces ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez.
Una situación ante la que desde la AJFV se ha advertido de la «politización» que podría sufrir la justicia por esta reforma. Especialmente, por la nueva función planteada por los fiscales, que serán los responsables de la investigación penal.
Una medida que, para Sergio Oliva, “sin garantizar una verdadera autonomía” del Ministerio Fiscal, “no moderniza la justicia, la politiza”.
La AJFV apuesta por blindar la imparcialidad de los fiscales
El portavoz de la AJFV ha insistido en que España “necesita blindar la imparcialidad” de los fiscales y ha añadido que “solo así la reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes”.
“El problema de que los fiscales dirijan la investigación penal es que España es un país muy polarizado”, ha reiterado Oliva, al tiempo que ha remarcado la falta de una autonomía real en la Fiscalía.
La modificación que trasladará la instrucción de los jueces a los fiscales constituye la principal medida de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que será aprobada este martes en el Consejo de Ministros.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado jueves que la nueva ley persigue adaptar el modelo español al europeo, de manera que “los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía”.
El proyecto, que entraría en vigor en enero de 2028, también contempla excluir a los partidos políticos de la acusación popular, así como reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
