El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) clausuró el I Congreso de Extranjería, dejando como principal conclusión la urgente necesidad de dotar de coherencia técnica, humanidad y seguridad jurídica la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería. Expertos y representantes institucionales convergieron en que el nuevo marco normativo, si bien exige rigor técnico y coordinación, debe abordarse con empatía, entendiendo la extranjería como un proceso de integración y no meramente como un trámite administrativo.
Las jornadas de análisis jurídico subrayaron que para lograr una implementación eficaz, ágil y humana del Reglamento, es imprescindible el refuerzo de los recursos humanos y tecnológicos de las oficinas administrativas, así como la homogeneización de criterios para evitar desigualdades en el trato.
Impacto del Real Decreto 1155/2024 y Carga Administrativa
La entrada en vigor del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024 ha provocado un incremento notable en las solicitudes de figuras como el arraigo social, laboral y familiar. Desde las oficinas de extranjería se ha alertado sobre la sobrecarga de trabajo generada por estos cambios, lo que obliga a mejorar la atención al público y acelerar la adaptación técnica e informática del sistema.
En este contexto de alta demanda, la abogacía insistió en que se debe garantizar la igualdad de trato y realizar un esfuerzo institucional para asegurar la implementación eficaz del nuevo marco.
El Desafío del Talento Internacional y la Ley 14/2013
El Congreso abordó la creciente complejidad en la atracción de talento internacional bajo la Ley 14/2013. Se analizó la gestión de la tarjeta azul, el visado para teletrabajadores y los permisos para profesionales altamente cualificados. La principal demanda en este ámbito fue la necesidad de armonizar criterios, automatizar procesos y actualizar continuamente los marcos jurídicos para responder a las dinámicas del mercado laboral. Se hizo hincapié en la prevención del fraude y en la intensificación de la colaboración interadministrativa.
Expulsión y Procedimientos Sancionadores: Proporcionalidad y Defensa
En materia de procedimientos sancionadores y de expulsión, la conclusión central fue la exigencia de una aplicación proporcional del derecho administrativo sancionador, en estricta alineación con los estándares jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, se reclamó reforzar la coordinación entre la Policía Nacional, las Delegaciones de Gobierno y la abogacía. Un punto crítico identificado fue la necesidad de garantizar una correcta notificación a los letrados desde el primer momento y revisar los protocolos en comisarías respecto al acceso de abogados a las personas detenidas.
Trata de Seres Humanos: Especialización y Enfoque Victimocéntrico
Una de las mesas más relevantes del Congreso se centró en la persecución penal de la trata de seres humanos. Los ponentes denunciaron la fragmentación de criterios y las barreras probatorias existentes, reclamando un enfoque victimocéntrico y la elaboración urgente de protocolos claros de actuación mientras se desarrolla la ley integral contra la trata.
Se exigió formación específica y especializada para jueces, fiscales y abogados. Además, se cuestionó el reciente cambio competencial que atribuye estos delitos a los juzgados de violencia de género, alertando sobre el riesgo de inseguridad jurídica dada la falta de especialización en crimen organizado en dichas instancias.
Otros Bloques de Análisis Regulatorio
También se valoró la sistematización del nuevo régimen de residencia para familiares de personas españolas con discapacidad, pero se alertó sobre la falta de desarrollo reglamentario en puntos cruciales como la acreditación del vínculo o el concepto de carga familiar. Se exigió una aplicación pro persona, con criterios humanitarios y flexibles, y coordinación eficaz entre instituciones, fiscalías y consulados.
Por último, se subrayó la necesidad de corregir errores detectados en la aplicación de los criterios de plazos por parte de la Subdirección General. En protección internacional, se demandó que las renovaciones se basen en valoraciones jurídicas individualizadas, en lugar de meros antecedentes policiales.
Respecto a los estudiantes, se propuso la creación de un registro oficial de centros y la unificación de criterios entre consulados y oficinas de extranjería.
La Abogacía como «Bisagra y Refugio»
En la clausura, Emilio Ramírez, diputado del ICAM, y otros intervinientes destacaron que, en este complejo proceso, la abogacía actúa como «bisagra y refugio». La función del letrado es esencial para traducir el lenguaje de la administración a la vida cotidiana y evitar que un error formal pueda truncar un proyecto vital.
La gestión de la extranjería, se concluyó, no puede ser solo burocrática; exige respuestas profesionales con formación, empatía y compromiso para asegurar el acceso real a los derechos por parte de las personas migrantes
