A partir de mañana, el Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se le atribuye un presunto delito de revelación de secretos por, supuestamente, facilitar a la prensa información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Seis días de vista, más de 40 testigos y un proceso que examina no solo una filtración, sino el funcionamiento interno de la Fiscalía en un momento político especialmente sensible.
El núcleo del caso
El Supremo sentó a García Ortiz en el banquillo tras concluir que impulsó y coordinó “personalmente” la filtración. Según el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, el fiscal general habría entregado a la Cadena SER el correo que el abogado Carlos Neira envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, ofreciendo que González Amador reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar prisión.
Una información reservada protegida por el artículo 197 del Código Penal (delito de revelación de secretos).
El magistrado instructor sostiene que, tras la publicación en El Mundo (13 de marzo de 2024) que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, García Ortiz inició “un frenético intercambio de comunicaciones” para obtener la cadena completa de correos entre Neira y el fiscal del caso, Julián Salto, que posteriormente se filtró.
Añade que este movimiento buscaba “ganar el relato” y que el posterior borrado del móvil del fiscal general refuerza los indicios.
García Ortiz lo niega: “Rotundamente no”.
Los principales protagonistas
Alberto González Amador. Promovió la querella. Admitió haber dado luz verde a negociar un pacto discreto para no perjudicar a Ayuso, pero sostuvo que su abogado envió el correo sin su autorización. Reconoció reenviar comunicaciones a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y que fue este último quien decidió trasladarlas a periodistas.
Carlos Neira. Abogado de González Amador. Declaró que su cliente autorizó explorar un pacto y que tenía dos vías: litigar o reconocer hechos y pagar. Admitió no haber informado a su cliente antes de enviar el correo ofreciendo confesar.
Julián Salto. Fiscal de delitos económicos del caso. Tras la noticia de El Mundo, recibió instrucciones de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial, para remitir toda la cadena de correos. En plena noche de fútbol, los reenvió a Rodríguez y a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. A las 21:59, esos correos llegaron a la cuenta personal de Gmail del fiscal general.
Pilar Rodríguez. Inicialmente procesada junto a García Ortiz. La Sala de Apelación la exoneró: actuó por jerarquía y no participó en la redacción del comunicado oficial. Su mensaje sobre añadir “un poquito de cianuro” se interpretó como un desahogo.
Almudena Lastra. Advirtió del riesgo de filtración y llegó a preguntar directamente a García Ortiz: “¿Has filtrado los correos?”. Según ella, respondió: “Eso no importa ahora”. Él lo niega.
Diego Villafañe. teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Exonerado. Defendió que su papel fue analizar documentos por orden del fiscal general. Señaló que la información estaba accesible a más de 550 personas, subrayando la brecha de seguridad.
Miguel Ángel Rodríguez. Jefe de Gabinete de Isabel Ayuso. Confirmó que recibió los correos de González Amador y que autorizó su difusión. Admitió trasladarlos a periodistas después de la exclusiva de El Mundo.
Entorno político de Moncloa. Chats aportados por Juan Lobato (exsecretario general del PSM-PSOE) apuntan a que Pilar Sánchez Acera —entonces alto cargo en Moncloa— recibió el correo antes de su publicación y lo animó a usarlo políticamente. Lobato pidió explicaciones del origen: “Si no, parece que me lo ha dado la Fiscalía”.
Periodistas. Una docena comparecerán. Incluidos los autores de las noticias clave de El Mundo y Cadena SER.
Lo que está en juego
Este juicio no solo mide la conducta del fiscal general. Pone bajo el foco la cultura interna de la Fiscalía, el manejo de información sensible y la línea —a menudo fina— entre transparencia institucional y filtración ilícita.
El Supremo deberá determinar si García Ortiz cometió un delito al intervenir y permitir la difusión de correos protegidos, o si actuó dentro de sus funciones intentando frenar lo que consideraba una información falsa que afectaba a la institución.
El veredicto, previsto tras las seis sesiones, marcará un hito: será la primera vez que un fiscal general de España responde ante el Supremo por revelar secretos.
