El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta una causa por revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo relacionado con el novio de Ayuso; una acusación particular y seis acusaciones populares reclaman penas de cárcel, mientras la Abogacía del Estado y la Fiscalía piden su absolución.
El Tribunal Supremo juzga desde mañana a García Ortiz, acusado de revelación de secretos por supuestamente filtrar a la prensa un correo electrónico sobre las negociaciones del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— con la Fiscalía.
El proceso enfrenta a las acusaciones, que reclaman una condena, frente a la defensa institucional del fiscal general, apoyada tanto por la Abogacía del Estado como por el Ministerio Público.
LO QUE PIDEN LAS ACUSACIONES
La acusación particular, ejercida por González Amador y representada por el abogado Gabriel Ramos, solicita 4 años de prisión, 3 años de suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación, una multa de 108.000 euros y una indemnización de 300.000 euros por daños morales.
El denunciante sostiene que la divulgación del correo causó un grave perjuicio personal y profesional, y ha renunciado a pedir responsabilidad civil subsidiaria al Estado para evitar que los ciudadanos sufraguen posibles consecuencias económicas.
A esta acusación se suman seis acusaciones populares.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), representada por Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, reclama la condena más dura: 6 años de prisión y 12 de inhabilitación, ampliando la acusación a prevaricación.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pide 4 años de prisión, 3 de suspensión, inhabilitación y una multa de 81.000 euros.
Manos Limpias, a través del abogado Víctor Soriano, solicita la misma pena de cárcel y suspensión, además de una multa de 216.000 euros.
Por su parte, la acusación popular unificada integrada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír reclama 4 años de prisión, 3 años de suspensión e inhabilitación por revelación de secretos y prevaricación.
LO QUE ARGUMENTA LA DEFENSA
En el bloque defensor, la Abogacía del Estado representa a García Ortiz desde el inicio del procedimiento, al entender que el fiscal general no puede prescindir del organismo que ejerce la defensa jurídica de la Administración.
La defensa la encabeza José Ignacio Ocio, abogado del Estado con experiencia en causas mediáticas como el caso Nummaria y la defensa del delegado del Gobierno en Madrid en el caso Begoña Gómez.
Para el juicio se ha reforzado el equipo con la incorporación de Consuelo Castro, exjefa de la Abogacía del Estado y figura clave en casos como el Prestige y la recuperación del Pazo de Meirás.
Castro fue también la responsable de la estrategia jurídica en el juicio del procés, donde impulsó la acusación por sedición. Su presencia responde a la práctica habitual de que los servicios jurídicos del Estado acudan con dos representantes.
Al apoyo de la Abogacía del Estado se suma la Fiscalía. En un movimiento poco frecuente, el Ministerio Público respalda la tesis defensiva y reclama la absolución de García Ortiz.
La representación corre a cargo de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, número dos del organismo, reforzada por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, que ya trabajó en la causa cuando pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
García Ortiz se apartó formalmente del procedimiento para evitar cualquier conflicto de interés, pero la Fiscalía sostiene que no existe delito y defiende el archivo de la causa.
