El juez del caso ‘Begoña Gómez‘, Juan Carlos Peinado, ha rechazado la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno y además ha acordado citar como investigada a la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González.
Así consta en un auto difundido este miércoles, en el que acuerda sobre la alto cargo convocarla para «informarle del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos» el próximo 12 de noviembre.
También pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Otro alto cargo más de Moncloa llamado a declarar
Sobre la alto cargo a la que imputa, Peinado la llama para el próximo 12 de noviembre a fin de «informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan», así como para «ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos», añadiendo que «no puede ser en calidad de testigo».
González se convierte así en la quinta persona actualmente investigada en la causa, junto con Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El instructor apoya su decisión de imputarla aludiendo al «comportamiento de carácter pasivo» de Martín, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando asumió ese puesto González.
A su juicio, «cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación».
Peinado atribuye al cargo de la Secretaría General de la Presidencia ser «conocedor» de los «actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata» y que «además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid».
De esa forma, sostiene, se «puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado».
Peinado pide las agendas de Begoña Gómez y su asesora para entregárselas a la UCO
El juez, además, pide a Moncloa las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de «determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de la otra investigada, Gómez».
Y solicita que aporten sus pasaportes para «precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas».
En este sentido, reclama a la Secretaría General de la Presidencia que remita, de forma íntegra y detalladamente, toda la información relativa a los viajes de Álvarez sufragados con fondos públicos «entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual».
Peinado incluye en sus requerimientos que Gómez y Álvarez aporten «todos los correos electrónicos y los soportes cruzados» entre ambas, además de pedir a la Seguridad Social que remita certificado de la vida laboral de la asesora y a Moncloa que le entregue datos salariales actualizados de ella durante 2025».
El juez considera «inútil» volver a llamar al presidente de Gobierno como testigo después de no acudir la primera vez
En el auto, Peinado se opone a la petición de las acusaciones populares de volver a llamar al presidente del Gobierno como testigo, algo que considera «inútil, y por tanto, impertinente».
«Las razones que justifican esa consideración tienen su fundamento en el hecho de que ya se realizó, en el curso de esta investigación, la tentativa de conseguir un testimonio por parte de esta persona», señala, para agregar que «no es descartable que, como el mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano».
Y añade que el jefe del Ejecutivo «nada aportó para el esclarecimiento de unos hechos que se están investigando y pueden alcanzar otra fase posterior dentro del presente procedimiento, postura totalmente legítima, pero igualmente previsible que reiterara el mismo comportamiento, ante la hipótesis de acordar esta diligencia de investigación, mostrando su escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia».
En la misma línea, Peinado rechaza citar otra vez al ministro Bolaños, al considerarlo «igualmente impertinente por cuanto que ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió, con reticencias o evasivas».
