Hace 11 meses Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del gobierno, después de un Consejo Europeo, a raíz de la investigación del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, manifestó que “¿quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado, quién lo va a hacer?”.
García Ortiz, fue procesado juzgado y condenado.
A falta de conocer la sentencia, la condena es de 2 años de inhabilitación especial para el cargo que ostenta, una multa de 7.200 euros (20 euros por 650 días), una indemnización a favor de Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales y las costas procesales.
Entre las costas hay que incluir el pago de los gastos del proceso incluyendo las minutas de los abogados y, también los gastos de los defensores del propio García Ortiz, al menos los de la abogacía del Estado, aunque dudo que esto último se haga.
La pena que se ha impuesto es una pena muy pequeña de las previstas en el artículo 417.1 del Código Penal. No se aprecia grave daño para la causa pública, ni para el tercero. Aunque en este punto me permito discrepar. Creo que sí que hubo grave daño.
La pregunta es y, ahora ¿quién tiene que pedir perdón? ¿A quién? ¿Cómo se debe hacer?
Parece claro que Álvaro García Ortiz debe pedir perdón, porque ha sido condenado. Al menos por dictar una nota de prensa con párrafos entrecomillados en donde se reproducen partes de un mail del abogado de González Amador a la Fiscalía en donde se trata de lograr un pacto de conformidad.
Si es grave revelar informaciones que afectan a la esfera personal de un particular, más grave es romper la confidencialidad entre abogado y fiscalía, se trata de un atentado directo contra el derecho a la defensa (artículo 24 Constitución).
Aquí está el daño grave.
García Ortíz tiene que pedir perdón por revelar información reservada de un particular, por atentar contra el derecho fundamental a la defensa y, además por usar la fiscalía general para atacar a una rival política, Isabel Díaz Ayuso, pareja de González Amador. Algo no solo grave, sino inadmisible en una democracia.
La Fiscalía no debe estar a disposición de la Presidencia de Gobierno. No es un instrumento del Gobierno y menos involucrarse en la pugna política. Ya sabemos que Pedro Sánchez dijo aquello que la Fiscalía dependía del Gobierno:
— ¿De quién depende? ¿Del Gobierno? Pues ya está.
Alguien le debería explicar a Pedro Sánchez que una cosa es la propuesta del Gobierno para el nombramiento del fiscal general del Estado y, otra es tener al fiscal general como instrumento de la lucha política, aunque sea para que no les ganen en “el relato”.
“El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social” (artículo 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
Su misión es la Justicia, no desmentir o buscar la verdad o servir de instrumento del Gobierno. Por ello, todos los fiscales que apoyaron, colaboraron y “aplaudieron” a García Ortiz, deben también pedir perdón por olvidar su misión: la Justicia.
Pero en el procedimiento ante el Tribunal Supremo pudimos detectar que detrás de la revelación de información reservada había una operación política de acoso y derribo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pilotada por Presidencia de Gobierno desde la Moncloa.
De nada sirve escudarse que ya había periodistas que conocían el asunto de González Amador, aunque no pueden revelar sus fuentes por secreto profesional. Desde Moncloa también se tiene que pedir perdón, porque casi todos los españoles intuimos que muchos de los mensajes borrados por el Fiscal tenían como interlocutor a quienes habitan en el Palacio de la Moncloa.
Pero es que, además, el Presidente del Gobierno tiene una culpa in eligendo del fiscal general, elegido por su afinidad política -expresión elegante que evita otra más fuerte: sectarismo- más que por su capacidad y mérito.
El perdón se debe pedir no solo a González Amador y a su abogado, también a todos los abogados por vulnerar el derecho de defensa. Y, por supuesto, a todos los españoles por el descrédito de la Justicia.
García Ortiz debería al menos decir “lo siento, me equivoqué”, pero además debería explicar por qué se equivocó: si fue inducido o si lo hizo motu proprio.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, debería disculparse ante todos los españoles y hacerlo de la forma como lo haría un buen político: dimitiendo.
Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho de la Información, aborda las consecuencias de la condena a Álvaro García Ortiz por revelar información reservada y del debate sobre las responsabilidades y disculpas en el ámbito político y judicial. Foto: EP.
