El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad declarar idónea a Teresa Peramato para ejercer como fiscal general del Estado, que ocuparía el cargo de representante del Ministerio Público tras la salida de Álvaro García Ortiz.
Así lo ha acordado el CGPJ en un Pleno extraordinario que ha comenzado a las 12:00 horas con el único cometido de emitir el informe requerido legalmente para poder nombrar al jefe del Ministerio Público, donde debe examinar si el candidato propuesto por el Gobierno cumple los requisitos legales: ser un jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia.
«El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido en sesión extraordinaria, ha informado hoy por unanimidad que la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, Teresa Peramato Martín, reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta ayer por el Consejo de Ministros», se lee en la nota de prensa difundida por el órgano de gobierno de los jueces.
El informe del Consejo, un paso más hacia el relevo en la titularidad del Ministerio Público
Con este informe, el CGPJ cumple con el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española (CE) y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concretamente en el artículo 29.1, se establece que el (o en este caso, la) fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
En este momento, ya cuenta con el aval del CGPJ y del Gobierno, además del requisito legal: ser una jurista de reconodio prestigio con 15 años de experiencia.
El perfil de la próxima fiscal general del Estado
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la Carrera Fiscal en 1990. Tras su paso por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.
En 2010 fue nombrada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, en 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en enero de este año fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Punto de partida
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó el martes en rueda de prensa que la renuncia presentada el pasado lunes por García Ortiz ha servido para iniciar el procedimiento para su relevo.
Bolaños detalló que el proceso arranca con la solicitud del Gobierno al CGPJ para que emita dicho informe, tras lo cual Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata, aunque tampoco es vinculante.
Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para formalizar la designación de Peramato, que se convertirá en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Progresista y experta en la lucha contra la violencia de género, cuenta con el respeto de sus pares por sus 35 años de carrera, si bien algunas voces aprecian en ella una excesiva «carga ideológica» por su vinculación a UPF. Su principal reto será cerrar la brecha interna abierta en los últimos años y recuperar la imagen del Ministerio Público.
