La Fiscalía ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el archivo del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el ‘caso Begoña Gómez’ al considerar “incomprensible” que continúe en calidad de investigado. El Ministerio Público entiende que, tras la exoneración de la secretaria general de Presidencia, Judith González, debe aplicarse el mismo criterio a Martín Aguirre, dado que ambos se encontraban en una situación análoga.
Según consta en un escrito emitido este miércoles 26 de noviembre, la Fiscalía se adhiere al recurso de reforma presentado por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la decisión del magistrado de mantenerla investigada, junto con su exasesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el propio Martín Aguirre.
En aquella resolución, el juez Peinado acordó igualmente la imputación de la secretaria general de Presidencia, a quien citó a declarar el pasado 16 de noviembre. Tras su comparecencia, y después de que González afirmara que Álvarez no dependía orgánica ni funcionalmente de ella, el magistrado decretó el archivo respecto de la trabajadora de Moncloa.
El fiscal reprocha la falta de coherencia
El fiscal, aun considerando ajustada a derecho la exoneración de González, subraya lo “extraño” del escenario procesal, dado que, según advierte, las circunstancias de Martín Aguirre son idénticas.
Destaca que ambos ocupaban el mismo puesto, que no existía relación jerárquica con Álvarez y que no concurren indicios que permitan atribuirles conocimiento de hechos presuntamente delictivos. «Uno, imputado; y otro, sobreseído libremente», resume el Ministerio Público, para añadir que desconoce los razonamientos diferenciados que han conducido a una y otra decisión, lo que “ciertamente causa perplejidad”.
En un segundo escrito, en el que la Fiscalía igualmente respalda el recurso de reforma interpuesto por Martín Aguirre, se califica directamente de “incomprensible” su mantenimiento como investigado tras la exoneración de González. A juicio del fiscal, la argumentación empleada por el juez para el archivo de esta última resulta “plenamente aplicable” al delegado del Gobierno, habida cuenta de que “no existe dependencia” de Álvarez respecto del cargo desempeñado por ninguno de los dos, ni consta relación alguna entre ellos y Gómez.
El Ministerio Público insiste en que no existe resolución judicial que individualice los hechos imputados a Martín Aguirre ni que exponga los razonamientos que justificarían su permanencia en la causa.
Conviene recordar que el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid investiga posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios del sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. En este procedimiento, Begoña Gómez es la única investigada a la que se atribuyen los cinco delitos, mientras que a Martín Aguirre únicamente se le imputa el de malversación en relación con la contratación y funciones desempeñadas por Álvarez como asesora de Gómez.
