“Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida que haga lo que le corresponde” (Sócrates).
“Intencionadamente o no, se confunden siempre jueces con la justicia y los curas con Dios; así se acostumbran los hombres a desconfiar de la justicia y de Dios” (Alphonse Karr).
Ya tenemos nuevo Fiscal General del Estado. Mejor dicho, “nueva” fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín.
La currícula de Teresa Peramato es brillante. Fiscal de carrera, con más de 35 años de servicio, especialista en la lucha contra la violencia de género y considerada como una de las impulsoras de la especialización judicial y fiscal en esta materia; actualmente es Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial, ayer, tardó media hora en avalar por unanimidad su idoneidad para dirigir la FGE. Era un informe preceptivo, pero no vinculante.
No podía hacer otra cosa por cuanto sólo podía valorar si reunía los méritos y requisitos para ser nombrada: española de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Y los tiene. “Acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional” (comunicado de la Unión Progresista de Fiscales, UPF, a la que pertenece y que deberá dejar al tomar posesión del cargo). No lo dudamos.
El último requisito que le falta ahora es comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, también preceptivo pero no vinculante. Lo pasará sin problema alguno.
Posteriormente, jurará el cargo ante S.M. el Rey y se publicará su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.
La nueva FGE se enfrenta a muchos retos. La gestión del Fiscal General anterior ha dañado, y mucho, la imagen de la Fiscalía, máxime por su empecinamiento en no dimitir hasta que ha sido condenado.
¿DE QUIÉN DEPENDE LA FISCALÍA?
También por las famosas declaraciones del Presidente del Gobierno cuando afirmó, en una entrevista en RNE, que se encargaría de traer de regreso a España al fugado Carles Puigdemont para ser juzgado por sedición y malversación de fondos, que “lo estamos haciendo ya”; y cuando el periodista le dijo que eso le correspondía a la Fiscalía, dijo “¿la Fiscalía de quién depende?, ¿de quién depende?”, y el periodista, “¿del Gobierno?”, y él contestó “pues eso”.
Las palabras del Presidente causaron un hondo malestar en la Fiscalía y estupefacción en el Poder Judicial y la ciudadanía al dar una imagen de absoluta injerencia del Gobierno en el sistema judicial.
Como ya dijo uno de mis maestros sobre la FGE, allá a finales del siglo pasado, no es Fiscal, es abogado; no es General, es particular, y no es del Estado, es del Gobierno.
La opinión y sensación que se ha trasladado a la ciudadanía es esa: que el FGE es dependiente del Gobierno, no que sea un órgano constitucional, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (artículo 124 CE).
RETOS DE LA FGE
Los principales retos a que se enfrenta la nueva FGE, por tanto, serán:
• Conseguir dar credibilidad institucional a la Fiscalía, devolviendo a la institución el prestigio perdido en los últimos meses; esto es, “recuperar el prestigio perdido” (presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF).
• Reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, cual es fortalecer la imagen de la Fiscalía como una institución independiente, garantizando que su actuación se perciba por la ciudadanía como totalmente imparcial, incluso ante la presión mediática y, fundamentalmente, política.
• Luchar contra la violencia de género, abordándola como una prioridad, y así aprovechar su experiencia previa como especialista en la materia; explicar y mejorar la actuación del sistema, proponiendo medidas contra los mecanismos que fallaron de forma estrepitosa, cuales son las pulseras, como hemos conocido recientemente, y exigir las responsabilidades pertinentes por tales fallos.
• Asegurar la eficacia de la institución, y la correcta gestión de los recursos disponibles para responder a la demanda social de justicia y lucha contra la criminalidad, especialmente del crimen organizado. Y, finalmente,
• Proteger la independencia de los jueces y magistrados. Debe desautorizar expresamente a todos los fiscales que participen en campañas a través de redes sociales, concentraciones y similares para criticar al Tribunal Supremo y al tribunal que ha condenado al anterior FGE; en suma, desalentar las movilizaciones, apoyando la independencia judicial, lo que no impide la discrepancia con las resoluciones judiciales a través del sistema de recursos establecido en el ordenamiento jurídico.
REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL
Cierto es que el Gobierno, en mayo de este año, ha propuesto una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dar al FGE mayor autonomía, en línea con las peticiones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Así:
• Se extenderá su mandato, ampliándolo a cinco años, para desvincularlo de la legislatura del Gobierno y garantizar una mayor independencia.
• En el procedimiento de cese, se proponen reformas para ceses discrecionales, y así, su cese solo será posible en caso de incumplimiento grave de sus funciones y requerirá un informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
• Se fortalece su independencia del Ejecutivo; el Ejecutivo no podrá dar instrucciones al Fiscal General sobre ningún asunto y las comunicaciones entre ambos deben ser públicas, nunca privadas.
•La reforma también asigna a los fiscales la instrucción penal, equiparando su estatus al de los jueces para que puedan encargarse de las investigaciones.
La reforma avanza en la buena dirección, pero no está aprobada en las Cortes.
Ahora mismo, en la actualidad, son muchos los retos a los que se enfrenta la nueva FGE en un momento difícil para la Fiscalía. Máxime cuando se ha presentado un proyecto de ley en las Cortes para atribuir la instrucción a los fiscales, dejando atrás nuestra tradición histórica, casi ciento cincuenta años (Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882), de que fuesen los jueces quienes investigasen los delitos, los Jueces de Instrucción.
Teresa Peramato es portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, asociación minoritaria dentro de la Carrera Fiscal con alrededor de un 10 % de afiliados, un colectivo cercano a los tres mil miembros. Fue nombrada jefa de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el anterior FGE y su candidatura a FGE fue avalada también por él.
Estuvo presente en el reciente juicio contra el anterior FGE, en el que resultó condenado y que provocó su dimisión.
Todo esto no importa. Lo esencial, lo que importa de verdad ahora, es saber hacia dónde quiere llevar esta importante institución. La Fiscalía es un eje fundamental de la acusación penal y defensa de los perjudicados y víctimas y, posiblemente, en un futuro más o menos cercano, investigará los delitos, limitándose los jueces a “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” (artículo 117 CE).
Tendremos que ver hacia dónde quiere llevar a la Fiscalía y con hechos concretos. Le deseamos la mejor de las suertes en sus nuevas responsabilidades.
La Fiscalía es una institución básica en un Estado de Derecho. Es necesario que recupere su credibilidad, apartándose de la imagen actual de dependencia política del Gobierno de turno. Absolutamente necesario.
Confiamos en ella. El tiempo lo dirá.
