En la sala principal del XXVII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), celebrado entre el miércoles y ayer viernes en Murcia, la frase quedó suspendida en el aire con la gravedad de un aviso institucional: “El Tribunal Supremo, como máximo intérprete de la legalidad, no puede ser puesto en dud. Era la sexta conclusión de la ponencia sobre «El Estado de Derecho hoy», pero su impacto la situó en el centro del debate.
En un momento político marcado por la desconfianza y las tensiones entre poderes del Estado, la APM quiso recordar que el Supremo no es solo un órgano judicial relevante: es una pieza estructural del sistema constitucional, cuya autoridad —advirtieron— no puede someterse a revisiones ni cuestionamientos ajenos al marco previsto por la Carta Magna.
Un diagnóstico inquietante
La ponencia arrancó con un análisis duro: la asociación denuncia un “deterioro” sostenido del Estado de Derecho en España y señala directamente a ciertas prácticas políticas que, en su opinión, han contribuido a debilitarlo e incluso lo han puesto en riesgo de manera deliberada.
La separación de poderes —recordaron— “no puede ser un mero enunciado formal”, sino una realidad tangible, con un Poder Judicial dotado de la misma autonomía presupuestaria que los otros poderes del Estado.
La advertencia se extendió también al clima político. La APM reclamó sacar a la Justicia de la confrontación partidista y devolverla al lugar que consideran natural: una cuestión de Estado, no de coyuntura.
La APM exigió un respeto “escrupuloso” a las resoluciones judiciales y el fin de las descalificaciones dirigidas a jueces y magistrados desde la esfera pública.
El respeto a las resoluciones judiciales
Entre las intervenciones más comentadas estuvo la llamada de atención a los responsables políticos. La APM exigió un respeto “escrupuloso” a las resoluciones judiciales y el fin de las descalificaciones dirigidas a jueces y magistrados desde la esfera pública.
Para la organización, de poco sirve que la ley prevea el acatamiento de las decisiones judiciales si, en la práctica, estas son objeto de cuestionamientos que minan su autoridad.
La ponencia también miró hacia dentro. La APM volvió a reclamar una reforma “inaplazable” del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de retirar a los partidos políticos la capacidad de influir en su composición mayoritaria.
Del mismo modo, urgió a revisar en profundidad el estatuto del Ministerio Fiscal y el papel del Fiscal General del Estado para reforzar su independencia del Ejecutivo.
Reafirmaron, además, los principios tradicionales de acceso a la carrera judicial —igualdad, mérito y capacidad— y expresaron un rechazo frontal a cualquier forma de corrupción, a la que consideran incompatible con la esencia misma del Estado de Derecho.
La educación como barrera democrática
La defensa del sistema constitucional también se plasmó en un llamamiento a reforzar la educación en valores democráticos y a garantizar plenamente las libertades de información, expresión y prensa. Para la APM, sin ciudadanía formada y sin prensa libre, el Estado de Derecho queda expuesto a la erosión.
La crónica de la jornada concluyó con un mensaje cargado de sentido institucional: los jueces españoles —afirmó la asociación— seguirán defendiendo la Constitución mediante la aplicación independiente de la ley y la administración imparcial de justicia, como recoge el artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una declaración final que resume el espíritu de la ponencia: firmeza ante la presión, y reivindicación del papel del Poder Judicial como garante último del sistema democrático.
