La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves que se mantenga la prisión provisional de Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, el empresario investigado por entregar 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y acusado de liderar una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Durante la vistilla celebrada en la Audiencia Nacional, la fiscal Mar Scharfhausen ha defendido que continúan vigentes los motivos que justificaron su ingreso en prisión: el riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas.
La acusación popular, representada por Zaballos Abogados, se adhiere a la petición del Ministerio Público. Ello, argumentando que aún existen siete millones y medio de euros en criptomonedas a los que Romillo tendría acceso y que no han sido recuperados. Además, ha recordado que sigue pendiente la trazabilidad de importantes cantidades de dinero que podría manejar el empresario —conocido como ‘Cryptospain’— en caso de quedar en libertad.
La vista, que ha comenzado a las 11.00 horas y ha tenido una duración de media hora, fue convocada por la Sala de lo Penal tras el recurso presentado por Romillo contra la orden de ingreso en prisión dictada el pasado 7 de noviembre.
Una supuesta organización criminal vinculada a CryptoSpain
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, decretó la prisión provisional sin fianza para Romillo un día después de ordenar su detención, con el objetivo de evitar una posible sustracción a la acción de la Justicia y asegurar su disponibilidad para las diligencias.
En su resolución, Calama señaló la existencia de una “organización criminal creada y dirigida” por el empresario, tras detectarse una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a él. El juez insistió en el riesgo de fuga y destrucción de pruebas, recordando que los hechos investigados podrían constituir delitos castigados con más de dos años de prisión y afectar a miles de inversores.
Según el auto, un total de 3.062 personas resultaron perjudicadas por la actividad de MIC, de las cuales 2.976 aportaron 185.511.947,76 euros. El magistrado subrayó que el dinero ingresado por los inversores no se destinaba a la compra o inversión en criptomonedas, sino que era desviado a otras cuentas vinculadas al entramado societario que presuntamente controlaba Romillo.
