El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha vuelto a reclamar la aplicación efectiva de las recientes reformas normativas destinadas a garantizar la conciliación en el ejercicio profesional y ha pedido que se elimine la discrecionalidad judicial en la concesión de suspensiones de vistas y plazos procesales en los supuestos expresamente previstos por la ley.
Ello ha sido a raíz de de que en el Colegio de Abogados de Zamora se han registrado varias denegaciones de suspensión tanto por hospitalización como por prescripción médica de reposo. En concreto, se trata de solicitudes de suspensión de un interrogatorio y de una vista de modificación de medidas, ambos procedimientos tramitados en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4.
Pese a que en ambos casos se aportaron justificantes médicos que acreditaban, respectivamente, un ingreso hospitalario y la prescripción de reposo con imposibilidad de ejercer la actividad profesional, el juez denegó las suspensiones. En uno de los supuestos, instó a remitir las preguntas por escrito en lugar de señalar una nueva fecha, y en el otro consideró que la prescripción de reposo no impedía la asistencia a juicio.
La decana del Colegio de Abogados de Zamora ha trasladado su preocupación al CGAE
La decana del Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín, ha trasladado su preocupación al Consejo General de la Abogacía Española, que, a través de su Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, ya ha iniciado, junto con el propio Colegio de Zamora, las actuaciones pertinentes ante las instituciones afectadas.
La Abogacía subraya que la denegación de suspensiones en estos casos no solo vulnera derechos profesionales, sino que afecta directamente a la calidad del servicio público de la Justicia y al derecho de defensa de los ciudadanos. Asimismo, recuerda que estas decisiones contravienen la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que garantiza la conciliación de la vida personal y profesional de los abogados y les reconoce el derecho a solicitar suspensiones por causas justificadas como maternidad, paternidad, enfermedad o cuidado de familiares.
Esta normativa refuerza además el amparo colegial y persigue asegurar que los profesionales puedan ejercer la defensa sin presiones indebidas, favoreciendo un acceso a la justicia más digno y equitativo.
En este contexto, la Abogacía recuerda también que el pasado mes de junio se aprobó el nuevo Reglamento de Amparo Colegial, que amplía la protección de los abogados frente a actuaciones que perturben o dificulten de forma injustificada el ejercicio de la defensa.
