En un mundo digital donde los clics a veces valen más que la verdad, buscar asesoramiento jurídico se ha convertido, en ocasiones, en un campo de minas.
Promesas de cancelar todas las deudas sin esfuerzo, anuncios que garantizan el éxito antes de empezar o personas que se presentan como abogados sin estar habilitados para ello son solo algunos de los obstáculos que encuentran hoy los ciudadanos.
Ante esta realidad, el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) han decidido dar un paso al frente.
Este lunes en Madrid, ambas instituciones han firmado un convenio de colaboración que busca, por encima de todo, proteger al eslabón más débil: el ciudadano que necesita justicia y se encuentra con desinformación.
Cuando la necesidad se encuentra con el engaño
No es una cuestión menor. Como advierten desde la Abogacía, la publicidad engañosa y el intrusismo profesional suelen cebarse con personas en situaciones de especial vulnerabilidad.
Hablamos de familias que afrontan un desahucio, personas que buscan desesperadamente acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad o ciudadanos inmersos en complicados procesos de familia.
Para ellos, un mensaje que promete una «solución inmediata» o la «cancelación automática de deudas» no es solo un anuncio; es un salvavidas que, si resulta ser falso, puede agravar seriamente su situación económica y personal.
Estas prácticas generan una falsa sensación de urgencia y ocultan información esencial, alejando al consumidor de las garantías que solo ofrece un abogado colegiado, sujeto a un estricto Código Deontológico.
Una hoja de ruta contra la desinformación
La alianza entre la Abogacía y ASESCON se materializará además en una serie de acciones prácticas para que los ciudadanos recuperen el control sobre la información que reciben.
Entre ellas, destacan las campañas de protección, con el objetivo de la difusión de materiales para ayudar a identificar qué es un servicio jurídico real y qué es una promesa vacía; Jornadas divulgativas para formar a los consumidores sobre sus derechos y cómo evitar caer en redes de publicidad fraudulenta, entre otras.
Todo con le objetivo de sensibilizar y fomentar la rigurosidad en un entorno donde la información rigurosa prevalezca sobre el ruido de los bulos digitales.
Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha sido claro sobre el propósito de esta unión: «El acceso a la Justicia empieza mucho antes de entrar en un juzgado. Empieza cuando una persona busca orientación… Si esa primera información está contaminada por bulos, se resienten sus derechos».
La importancia de verificar
Más allá de las campañas, el CGAE recuerda una herramienta fundamental y gratuita que ya está al servicio de todos: el Censo de Letrados.
Antes de contratar cualquier servicio, cualquier ciudadano puede comprobar en su página web si la persona que le asesora es realmente un abogado colegiado y habilitado para ejercer.
Con este convenio, se refuerza un modelo de justicia basado en la transparencia y la confianza, asegurando que, cuando alguien busque ayuda legal, lo que encuentre sea una mano experta y no un mensaje diseñado para engañar.