El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo la citación como testigos de varios altos cargos en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Entre ellos figuran los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
La solicitud se recoge en un escrito presentado por quien fue el ya exabogado de Ábalos, el exfiscal Carlos Bautista, que ha renunciado a la defensa por “diferencias contractuales”.
Ábalos se encuentra en prisión provisional desde noviembre y sostiene que los hechos imputados “no son constitutivos de delito alguno”.
El exministro reclama la declaración de Grande-Marlaska por las mascarillas adquiridas por el Ministerio del Interior, y de Torres y Armengol por las compras realizadas por Canarias y Baleares cuando presidían esas comunidades.
También pide que declaren otros testigos de alto nivel
También propone como testigos a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, ambos imputados en una pieza del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, junto a otros investigados vinculados al Ministerio de Transportes y a entes dependientes.
Asimismo, solicita la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; del ex secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez; y del presidente de Correos, Pedro Saura, antiguo número dos de Transportes con Ábalos.
La lista incluye además a su hijo Víctor Ábalos; a Joseba García, hermano de Koldo García; al exCEO de Air Europa Javier Hidalgo; y a dos antiguos cargos del PSOE que declararon en el Supremo sobre presuntos pagos en metálico al partido.
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente Segura, acordó el procesamiento de Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama al considerar que “se concertaron” para aprovechar la condición del entonces ministro y su influencia con el fin de obtener beneficios económicos mediante contratos públicos.
La causa se dividió en dos: una pieza principal sobre los contratos de mascarillas y otra separada sobre una presunta trama de comisiones vinculadas a obra pública.
La Fiscalía solicita penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años para el exministro y su exasesor.
La legalidad de la compra de mascarillas
En paralelo, Ábalos ha presentado un informe pericial contra la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes tras destaparse el caso.
En dicho informe sostiene que el Tribunal de Cuentas ya realizó en 2022 un “análisis exhaustivo” de las adjudicaciones y concluyó que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión se ajustó a la legalidad vigente en el contexto de excepcionalidad de la pandemia.
Según la pericial, aunque la empresa no aportó el aval del 50 % inicialmente exigido, adelantó el pago de la mitad del precio total, lo que —a juicio de Ábalos— acreditaba su solvencia financiera. También afirma que las adjudicaciones a Adif y Puertos del Estado se realizaron conforme a derecho y a precios inferiores a la media de mercado.
El exministro critica la auditoría por carecer de principios básicos de la práctica auditora, como la independencia, la objetividad y la evidencia suficiente, y por no detallar los protocolos utilizados ni informar a los entrevistados de que se trataba de una inspección de control interno.
En su conclusión, califica el informe de sesgado y basado en apreciaciones subjetivas, lo que, sostiene, compromete su fiabilidad.
La auditoría de Transportes, por el contrario, apunta que Ábalos duplicó en apenas 38 minutos la compra de mascarillas a una empresa vinculada a la trama sin una justificación adecuada y con deficiencias de control.
