La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó reforzar de forma urgente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ante el grave atasco que sufre este órgano. La medida responde a la solicitud formulada por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, y ha sido posible tras el visto bueno del Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, a la financiación del refuerzo.
El acuerdo contempla la incorporación, en comisión de servicio, de tres magistrados a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, órgano que enjuicia las causas de corrupción, terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia económica a gran escala.
Los designados son María José García-Galán San Miguel y José Pedro Vázquez Rodríguez, ambos actualmente destinados en la Audiencia Provincial de Madrid, y Alberto Varona Jiménez, de la Audiencia Provincial de Barcelona, quienes se integrarán en el órgano encargado del enjuiciamiento y de la revisión de las resoluciones dictadas por los seis juzgados centrales de instrucción.
Se trata de una de las salas con mayor exposición pública del sistema judicial español.
La Sección Segunda, presidida por el magistrado Fernando Andreu, y compuesta por los magistrados Joaquín Delgado Martín, María Teresa García Quesada, José Joaquín Hervás Ortiz y Ana Victoria Revuelta Iglesias, acumula actualmente 59 causas pendientes de juicio, según los datos remitidos al CGPJ el pasado mes de septiembre.
La saturación se explica por el elevado número de procedimientos de gran complejidad, con múltiples acusados y abundante prueba, lo que obliga a celebrar vistas de larga duración. Algunos de estos procesos se iniciaron hace más de una década y aún no han sido juzgados, como los casos Emperador (Gao Ping) o Gowex.
Entre las investigaciones en curso figuran macrocausas de corrupción de especial relevancia, como el caso Koldo, cuya vertiente política corresponde al Tribunal Supremo debido al aforamiento del exministro José Luis Ábalos, así como diligencias incipientes sobre la financiación del PSOE y otros procedimientos de gran dimensión como Lezo, Púnica o el caso Villarejo.
El objetivo del refuerzo es elevar a ocho el número de magistrados de la Sección Segunda, lo que permitirá constituir dos tribunales de cuatro jueces y celebrar juicios de forma simultánea.
Aunque uno de los candidatos era el magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, actualmente titular del Juzgado de Instrucción 4 de Móstoles, localidad cercana a Madrid capital, quien entre 2010 y 2015 ejerció como juez de refuerzo y luego juez sustituto del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. A pesar de esa trayectoria, Ruz fue descartado por falta de experiencia en órganos colegiados.
De forma complementaria, la Comisión Permanente aprobó también dos comisiones de servicio con relevación de funciones en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Además, el propio órgano de gobierno de los jueces ha solicitado la creación de dos nuevos juzgados centrales de instrucción —el último se creó en 1997— y, al menos, tres plazas adicionales de magistrado.
En este contexto, el Ministerio de Justicia ha incluido en el real decreto de creación de 500 nuevas plazas judiciales previstas para 2026 cuatro puestos adicionales en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una medida que apunta a una respuesta estructural a un problema de colapso ya crónico.
