La Justicia, cuando se abandona a la inercia y al remiendo apresurado, acaba pareciéndose a esos viejos relojes de torre que aún dan la hora, pero siempre con un retraso que nadie osa ya corregir.
Con esa conciencia —grave, casi penitencial— se presentó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España la XIX edición del Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Aranzadi LA LEY y patrocinado por Banco Santander, una obra que desde 2007 viene auscultando, con pulso clínico y mirada severa, el cuerpo fatigado del sistema judicial español.
El Informe no se limita a levantar acta de cifras y porcentajes —ese catecismo frío al que tan a menudo se reduce el análisis institucional—, sino que ofrece una radiografía minuciosa del funcionamiento real de juzgados y tribunales, señalando con dedo firme tanto sus fortalezas como las carencias que lastran la calidad del servicio público de la Justicia.
Y lo hace con una voluntad inequívoca de propuesta, buscando caminos para mejorar la eficiencia, la capacidad resolutoria y la adaptación de la maquinaria judicial a un entorno normativo y organizativo en perpetua mutación.
La edición de 2025 fija su atención en la implantación de los Tribunales de Instancia, piedra angular de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Una reforma llamada a derribar el vetusto edificio de los juzgados unipersonales —rígidos, compartimentados, a menudo ineficaces— y a sustituirlo por una arquitectura más flexible y colegiada, al menos en la letra solemne del legislador.
Durante la presentación, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, subrayó que el Informe conjuga el análisis cuantitativo de la actividad judicial, sustentado en datos oficiales y en herramientas de jurimetría, con un examen cualitativo del impacto real de la Ley Orgánica 1/2025.
Un ejercicio de doble mirada que revela una verdad incómoda: pese a una ligera recuperación de la capacidad resolutoria, en 2024 el sistema judicial aún no fue capaz de resolver más asuntos de los que ingresaron, perpetuando ese atasco crónico que erosiona la confianza ciudadana y agota a los operadores jurídicos.
Adoración Fuentes, directora del Centro de Documentación de Aranzadi LA LEY, puso palabras a esa parálisis estadística. Los principales indicadores apenas se mueven; el plazo medio de resolución permanece anclado en los 9,2 meses, mientras la carga de trabajo de jueces y magistrados no deja de crecer, acaso como consecuencia de la menguante ratio de jueces por habitante.
Esperanzas
En ese contexto, las esperanzas se depositan —no sin cautela— en el impacto que pueda tener la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 1/2025, siempre que no se quede en una reforma de papel y venga acompañada de planificación, recursos y un seguimiento constante, virtudes escasas en la historia reciente de nuestras reformas públicas.
El análisis cualitativo del Informe reconoce que la llamada Ley de Eficiencia de la Justicia ha introducido cambios relevantes en la organización y el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Pero junto al elogio asoma la advertencia: sin formación suficiente, inversión en medios materiales y humanos, y una verdadera unificación de criterios, el nuevo modelo corre el riesgo de naufragar en el mar proceloso de la improvisación y la resistencia corporativa.
Desde la judicatura, Miguel Pasqual del Riquelme, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, recordó que la implantación de los tribunales de instancia cumple promesas largamente aplazadas de modernización organizativa.
Sin embargo, alertó con severidad de que el ritmo desigual de implantación, la insuficiente dotación presupuestaria y la escasa planificación pueden convertir una reforma necesaria en una ocasión perdida.
Aun así, defendió que el nuevo modelo, más dúctil y colegiado, permite un crecimiento más racional y menos oneroso en recursos humanos, fomenta la especialización y contribuye a una distribución más equitativa de las cargas de trabajo, con el consiguiente beneficio para la previsibilidad de las resoluciones.
Natalia Hermoso de Mena, letrada de la Administración de Justicia, incidió en que la LO 1/2025 no es una reforma cosmética, sino estructural, y exige una coordinación mucho más estrecha de los servicios comunes y una gestión afinada de recursos ya exiguos.
En ese engranaje, el Expediente Judicial Electrónico se erige como pieza indispensable, no como fetiche tecnológico, sino como soporte real de una tramitación coherente y ágil.
Desde la abogacía, María Gil-Carcedo de Morales, directora de Legal Contencioso en Moeve, reclamó soluciones que refuercen la seguridad jurídica de las operaciones empresariales y de sus grupos de interés, apelando al potencial de la tecnología y la digitalización para elevar la calidad y la eficiencia del sistema judicial, siempre que se garantice una coordinación efectiva entre tribunales y oficinas judiciales.
Finalmente, Carmen Giménez Cardona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, recordó que ninguna reforma será suficiente sin la implicación real y coordinada de todos los operadores jurídicos. Porque una Justicia que no se entiende, que no se reconoce y que no se siente cercana, acaba por convertirse —como esos relojes de torre olvidados— en un símbolo respetado, sí, pero cada vez más ajeno a la vida de quienes dependen de ella.
