El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido este lunes la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se le atribuía una presunta colaboración con el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, al no apreciar indicios criminales suficientes.
Así lo recoge un auto, en el que el juez subraya que las querellas penales exigen “la aportación de elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas o de las conclusiones que puedan obtenerse en base a ellas”. En este sentido, advierte de que “no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan entidad suficiente para la apertura de un proceso penal”.
El magistrado sostiene que no puede afirmarse que la colaboración que Zapatero haya podido mantener con el Gobierno de Venezuela en determinados ámbitos permita concluir que actuara “de forma consciente” para sostener una organización criminal. A ello añade la necesidad de diferenciar entre el Ejecutivo venezolano como tal y “la supuesta implicación de determinados miembros de este en el tráfico de drogas”.
En relación con los delitos de blanqueo de capitales denunciados, el auto señala que se fundamentan exclusivamente en “informaciones de carácter periodístico, generalistas”, sin que se concreten “con elementos indiciarios los hechos que se afirman”. En ese contexto, el juez remarca que no existe constancia de que Zapatero haya percibido cantidad alguna procedente del Gobierno venezolano.
El magistrado precisa, además, que incluso en el supuesto de que se hubiera producido algún pago, solo podrían considerarse delictivas aquellas cantidades obtenidas “por su intervención en hechos ilícitos” o cuando se acreditara que el perceptor conocía que los fondos procedían de un delito.
Antidroga solicitó el archivo de la querella
La resolución judicial coincide con el criterio expresado previamente por la Fiscalía Antidroga, que había solicitado la inadmisión de la querella al no apreciar indicios delictivos contra el expresidente.
En su informe, Antidroga sostuvo que los hechos relatados “no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico”. Añadió que parte de las acusaciones se basaban únicamente en informaciones periodísticas —insuficientes para incoar una investigación judicial— y que otras ya estaban siendo analizadas en procedimientos distintos.
El Ministerio Público señaló que la querella no describía “auténticos hechos de apariencia delictiva”, sino que se sustentaba en “conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas”, carentes de apoyo fáctico.
Según el informe, el único elemento con apariencia indiciaria era la existencia de una acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano, entre los que no figura Zapatero.
Con estos datos, el fiscal concluyó que no puede deducirse “en modo alguno” la implicación del expresidente español en actividades de narcotráfico.
Las medidas solicitadas por Hazte Oír
En su querella, Hazte Oír atribuía a Zapatero la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, defendiendo la competencia de la Audiencia Nacional al tratarse de hechos presuntamente cometidos en el extranjero por un ciudadano español.
La asociación solicitó como medidas cautelarísimas la retirada del pasaporte al expresidente, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.
Asimismo, interesó su declaración como investigado y pidió la citación como testigos del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Hazte Oír argumentó que los procedimientos abiertos en Estados Unidos no debían limitarse a ese país y defendió que, si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, España debe investigar la posible colaboración de quienes habrían facilitado su operativa y su proyección internacional.
Según la asociación, la actuación de Zapatero habría ido más allá de un papel político o diplomático, contribuyendo presuntamente a reforzar la estructura y la continuidad del régimen de Maduro, extremos que, a su juicio, debían ser esclarecidos en sede judicial.
