El concurso de acreedores ha dejado de ser, definitivamente, un fenómeno eminentemente empresarial. En 2025, la insolvencia tiene rostro de persona física.
Así lo confirman los últimos datos del cuarto trimestre del año recogidos por el Colegio de Registradores, que reflejan un incremento superior al 40% en las aperturas concursales y una hegemonía sin precedentes de los deudores no societarios, que ya representan más del 90% del total.
Durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron 17.632 deudores concursados, lo que supone un crecimiento del 41% respecto al trimestre anterior y un aumento interanual del 31,9%. Este repunte consolida una tendencia claramente alcista en el conjunto del ejercicio y refuerza el cambio estructural del sistema concursal tras la reforma operada por la Ley 16/2022.
Predominio absoluto del concurso voluntario y auge del “sin masa”
El procedimiento concursal continúa canalizándose mayoritariamente a través del concurso voluntario. En el cuarto trimestre se contabilizaron 17.580 procedimientos de este tipo, un 40,8% más que en el trimestre previo. En contraste, los concursos necesarios, aunque se duplicaron (+108%), siguen siendo residuales y apenas superan el medio centenar de casos.
Uno de los rasgos más significativos del periodo es la consolidación del concurso sin masa, que creció un 39% y concentró el 85,9% del total de procedimientos. Los concursos ordinarios también experimentaron un avance notable (+56,2%), hasta representar el 11,3% del conjunto. Por su parte, los procedimientos especiales para microempresas alcanzaron las 511 aperturas, con un incremento trimestral del 47,3%, confirmando su progresiva utilización.
Cabe destacar que, como consecuencia directa de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, no se ha registrado ningún concurso consecutivo en el trimestre.
Empresas: crecimiento moderado, pero concentrado en pymes muy pequeñas
Del total de procedimientos iniciados, 1.613 correspondieron a personas jurídicas, lo que supone apenas el 9,1% del total, aunque con un incremento interanual del 15,5%. El resto, 16.019 concursos, fueron protagonizados por personas físicas, de las cuales 1.605 desarrollaban actividad empresarial o profesional.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada sigue siendo, con diferencia, la forma jurídica más afectada, concentrando el 93,2% de los concursos empresariales. En cuanto al volumen de negocio, casi la mitad de las empresas concursadas (46,8%) facturaba menos de 250.000 euros anuales, mientras que solo un 3,1% superaba los cinco millones, lo que evidencia una especial vulnerabilidad del tejido empresarial más pequeño.
Comercio, construcción y hostelería, a la cabeza de las insolvencias
Por sectores, el Comercio lidera los concursos empresariales (22,5%), seguido de la Construcción (15,4%) y la Hostelería (13,6%). La estructura laboral de estas empresas confirma su reducido tamaño: el 42,8% tiene menos de dos asalariados, y dentro de este grupo, más de la mitad carece de empleados.
La antigüedad empresarial aporta otra clave relevante. El 61,7% de las empresas concursadas tiene ocho años o menos, aunque casi una de cada cinco supera los veinte años de actividad, especialmente en los sectores de Industria y energía, donde el peso de empresas veteranas en concurso alcanza el 35%.
Concentración territorial y fuertes divergencias regionales
El mapa concursal mantiene una clara concentración geográfica. Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía aglutinan cerca del 70% del total de deudores concursados del trimestre. Cataluña encabeza la estadística con 4.358 casos, seguida de Madrid (3.385), Andalucía (2.467) y la Comunitat Valenciana (2.133).
En términos interanuales, Ceuta y Melilla son las únicas regiones que registran descensos, con una caída del 90%, mientras que Castilla y León, Andalucía y Asturias presentan los mayores incrementos, todos por encima del 48%.
Un cambio estructural en la insolvencia
Más allá del repunte coyuntural, los datos del cuarto trimestre de 2025 confirman un cambio estructural en el perfil del deudor concursal en España: menos empresa mediana, más microempresa y, sobre todo, más persona física. Un escenario que plantea nuevos retos para juzgados, profesionales del derecho concursal y políticas públicas, y que obliga a repensar el sistema más allá del paradigma clásico de la insolvencia empresarial.
